Policías de la Unidad Contra Redes de Inmigración y Falsificación (Ucrif) de Madrid y agentes del Grupo de Delincuencia Económica de la Jefatura Superior de Policía de Aragón continuaron ayer tomando declaración a los inmigrantes implicados en una macroestafa a la Tesorería de la Seguridad Social y al Servicio Público de Empleo (antiguo Inem).

Como ha ocurrido en los últimos días, dieciocho personas pasaron ayer por la comisaría de la avenida de Valencia para aclarar en qué condiciones cobran la prestación por desempleo o el subsidio de 420 euros mensuales conocido como Prodi (Programa Temporal de Protección por Desempleo e Inserción).

Según ha podido saber HERALDO DE ARAGÓN, hasta el momento hay imputadas 260 personas en Zaragoza como presuntas autoras de sendos delitos de estafa y falsedad en documento público. La mayoría de ellas son de origen marroquí y argelino y, supuestamente, pagaron por un contrato de trabajo a empresas fantasma, todas pertenecientes a ciudadanos rumanos autónomos de la construcción, que les dieron de alta en la Seguridad Social pero que luego no cotizaron por ellos.

Variedad de casos

En este fraude masivo hay una amplia casuística y de distinta gravedad. Los hay que trabajaron y les faltaban días para completar cotizaciones, a otros les faltaban meses y los hay que nunca han pisado una obra.

Hay supuestos de personas que estuvieron empleadas en 2008 o en años anteriores, se quedaron en paro en 2009 y como les faltaba cotizar un tiempo determinado para cobrar el desempleo decidieron 'comprarlo'. En algunos casos ha sido un único pago y en otros de cantidades que oscilan entre los 300 a 600 euros mensuales para que, en principio, cotizaran por ellos a la Seguridad Social. Sin embargo, las empresas les daban de alta para generar ese derecho a la prestación pero se embolsaban directamente esa cantidad, con lo cual, la ganancia para los cerebros de la red ha sido limpia.

También hay casos de inmigrantes que han pagado 500 euros para que les dieran de alta durante 15 días y luego poder solicitar el subsidio de ayuda familiar.

Al parecer, quien descubrió el fraude fue la Tesorería de la Seguridad Social, donde sospecharon de que hubiera empresas que no ejercían ninguna actividad y, sin embargo, cada vez estaban generando más deuda con la administración.

Boca a boca

Los inmigrantes que compraban los contratos a estas empresas se pasaron los contactos boca a boca. Por eso, la inmensa mayoría de ellos son marroquíes.

Durante estos días se están dando casos de trabajadores extranjeros que están acudiendo al Servicio Público de Empleo para solicitar nuevas prestaciones y, al introducir sus datos, el sistema informático da la alerta sobre su situación irregular. Al comunicarles que han podido cometer un fraude y que deben hablar con la Policía, algunos reconocen que han recibido la citación para ir a declarar.

La investigación continúa abierta y los agentes seguirán a lo largo de esta semana interrogando a los imputados, que probablemente superaran los 300. La mayoría de los inmigrantes se ha acogido a su derecho a no declarar y han sido puestos en libertad a disposición del juez que le toque el caso, puesto que las diligencias no se llevarán al juzgado hasta el fin de semana, según tienen previsto los agentes. No obstante, uno de los empresarios rumanos quedó ayer detenido.