El grupo Viesgo, propietario de la térmica de Escucha y, a su vez, filial de la compañía italiana Enel, prepara un plan para la demolición de esta central, después de haber tratado infructuosamente de encontrar una alternativa de uso para esta industria, cuya actividad eléctrica cerró hace cuatro años.

Fuentes de la empresa señalaron que esta medida forma parte del plan de cierre de la térmica, cuyo proceso se ha llevado a cabo en diferentes fases y que culminaba, según las prescripciones del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) en el desmantelamiento total de la edificación en caso de no lograr un aprovechamiento de las instalaciones.

Las mismas fuentes manifestaron que en estos momentos se está redactando un borrador que determinará las características de la demolición del edificio, así como el coste de esta medida. En el documento también constará el tipo de residuos resultante, el volumen y el destino que recibirán, así como el uso que se dará a los terrenos, una vez queden exentos de la edificación.

El Inaga ha establecido un plazo que concluye en mayo de 2017 para la presentación del proyecto de demolición, ya que el expediente de cierre de la planta se inició en el mismo mes en 2012. El objetivo de esta medida impuesta por el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental es evitar afecciones al medio natural por el derribo de una central en la que se consumía carbón para la generación de electricidad.

Equipo de mantenimiento

Aunque la central cerró sus puertas hace cuatro años, en el interior permanece la maquinaria intacta. Equipos de mantenimiento y de seguridad se han ocupado durante este tiempo de la conservación de las instalaciones en buen estado, así como de evitar su expolio.

El parque de carbón, un enorme espacio donde se almacenaba el mineral, situado entre la variante y la carretera de acceso a Escucha, es hoy un solar despejado, pero sin uso. Lo mismo que los hangares y depósitos.

En el Ayuntamiento de la localidad desconocían los planes del grupo Viesgo, y su alcalde, Javier Carbó, señaló que hasta ahora no ha habido comunicación al respecto. No obstante, considera que más adelante, cuando concluya el proyecto de demolición, la empresa se tendrá que poner en contacto con el Consistorio por necesitar la intervención que planea autorizaciones municipales.

El alcalde lamentó que no se haya podido ofrecer a estas instalaciones una actividad alternativa que podría haber generado empleo, y confía en que el proceso de desmantelamiento se produzca "de forma ordenada y con garantías". "No queremos –subrayó– que las instalaciones se conviertan en un vertedero, como ha ocurrido en otros espacios industriales de la provincia". La intención de los responsables municipales es mantener un encuentro con representantes de la empresa para valorar la posibilidad de conservar alguna de las infraestructuras.