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El pleno de las Cortes de Aragón ha aprobado la Ley de Mediación Familiar de la Comunidad autónoma, que la regula como un servicio social especializado para facilitar la resolución de conflictos en la unidad familiar.

El texto ha sido apoyado por los grupos parlamentarios favorables al Gobierno, Partido Socialista (PSOE) y Partido Aragonés (PAR), así como por Chunta Aragonesita (CHA); mientras que el Partido Popular (PP) ha votado en contra e Izquierda Unida (IU) se ha abstenido.

El diputado del PSOE, Carlos Tomás, ha remarcado que «se está imponiendo la mediación como un sistema alternativo al judicial para crear un sistema favorable entre las partes en litigio, facilitando el cumplimiento de los acuerdos», algo que «supone un avance social por su repercusión en todos los miembros de la unidad familiar y, especialmente, entre los más desfavorecidos».

Asimismo, el parlamentario ha recalcado que se contempla la medición para «cualquier conflicto y no sólo para los casos de ruptura de pareja» y será un servicio gratuito «cuando concurran circunstancias que así lo aconsejen».

Además, Tomás ha indicado que la tramitación ha sido rápida por «la importancia» de la norma, con el objetivo de que fuera aprobada antes de que concluyera esta legislatura, mientras que la diputada del PAR, María Herrero, ha opinado que el trámite parlamentario «ha mejorado» la ley y ha subrayado que de las 93 enmiendas presentadas, 14 se han retirado y 41 se han aceptado.

Herrero asegura que ha habido una «actitud negociadora y constructiva» de los grupos que sostienen al Gobierno, y ha recalcado que la ley regula la mediación familiar como servicio social especializado, en el que los mediadores serán designados por la Comunidad autónoma, lo que «no significa que no pueda llevarse a cabo ninguna otra mediación».

Toda la mediación familiar

La diputada del PP, Yolanda Vallés, ha explicado que su grupo hubiera preferido que esta ley hubiera regulado la mediación familiar en Aragón, «toda, como un procedimiento extrajudicial y voluntario en el ámbito del derecho privado» y no sólo la que presta el servicio de mediación del Gobierno, sino también la que pudieran prestar entidades locales, asociaciones, colegios profesionales o profesionales liberales.

Además, la diputada ha criticado que según esta ley «no se sabe quién puede ser mediador, qué formación se requiere y qué coste para el ciudadano va a tener este servicio» y ha lamentado las prisas en tramitar este proyecto, que responde a que «quieren esta ley como trofeo, no como una ley para los ciudadanos».

El diputado de CHA, Chesús Bernal, ha recordado que cuando se aprobó la Ley de igualdad en las relaciones familiares, también conocida como ley de la custodia compartida, todos los grupos «pedimos una ley de medicación familiar», que es «necesaria» y por eso, «dada las fechas, hemos hecho un esfuerzo desde CHA por mejorarla y porque salga adelante», aunque haya aspectos mejorables.

Así, ha relatado Bernal, CHA ha impulsado que se convocara la ponencia que ha estudiado el proyecto de ley «para que hoy podamos debatir y aprobar una ley que va a repercutir en la vida de muchos ciudadanos».

El portavoz de IU, Adolfo Barrena, se ha abstenido porque «esta es una mala ley», además de que ha reclamado que «haya una verdadera ley de mediación», no sólo familiar, para que todos los ciudadanos puedan acudir a ella «en condiciones de equidad, igualdad y gratuidad para quien no tenga recursos económicos suficientes», para lamentar que «no se vota la ley que habían prometido a los ciudadanos».