Una auténtica ruina. Así se pueden calificar los resultados de explotación de la primera autopista autonómica de Aragón hasta el punto de hacer inasumible la concesión solo dos años después de su puesta en servicio. Los estudios de viabilidad apuntaban una intensidad media diaria (IMD) de hasta 14.000 vehículos en esta infraestructura, que enlaza la carretera de Castellón (N-232) con la autopista y carretera de Barcelona (N-II y AP-2), pero entre enero y julio se contabilizaron tan solo 2.873 de promedio diario. Y los números no paran de empeorar, ya que en lo que va de año ha caído el tráfico un 18,2%.

El desastre económico es de semejantes proporciones que la empresa concesionaria (constituida por Acciona, Arascón y Brues y Fernández) reclama al Gobierno de Aragón renegociar las condiciones para lograr el equilibrio económico-financiero. La DGA adjudicó la autopista mediante el modelo de demanda, por el que las empresas perciben una cantidad variable en cada ejercicio en función del número de usuarios: a más vehículos, más dinero recibe la concesionaria, que como máximo podría haber ganado 154 millones de euros a lo largo de los 30 años del contrato.

Nada más lejos de la realidad. Pese a que los conductores no pagan por atravesar el Ebro por el puente de la autopista ARA-A1 (lo que se denomina peaje en sombra), los números demuestran que el estudio de tráfico en el que se basaba la concesión ha fallado de forma estrepitosa. Ni siquiera se ha llegado a cumplir la estimación del primer año, que ya fijaba el paso de 6.500 vehículos: en julio, el mejor mes con diferencia de 2010, se registraron 2.161 vehículos ligeros y otros 895 pesados.

El director general de Carreteras de la DGA, Antonio Ruspira, reconoció a este diario que los números "inquietan de verdad", especialmente porque la tendencia es negativa y el pasado mes se redujo el tráfico de coches un 22,7% y el de camiones un 30,8% respecto a julio de 2009.

La Consejería de Obras Públicas tiene obligación de consignar una partida anual con la cantidad máxima que habría que pagar, 3,9 millones, pero no se gasta ni de lejos.

Antonio Ruspira reconoció los contactos con la concesionaria e incidió en la dificultad para reequilibrar la concesión, dado que sigue el modelo del riesgo por demanda. En este sentido, apuntó que los gastos de mantenimiento de la autopista autonómica no son muy elevados, sino la carga de la inversión realizada, que superó los 40 millones de euros. "La amortización es el problema, el pago de la infraestructura", indicó.

Los contactos se iniciaron entre marzo y abril y se retomarán después del verano, aunque no dio por hecho el acuerdo. "Jurídicamente es complejo, ya que cualquier modificación estaría afectando a un concurso público convocado en su día", explicó.

Un equipo con técnicos de la secretaría general de Obras Públicas y de la consultora Deloitte que diseñó el modelo económico para la concesión estudian cómo salir del entuerto. "Si somos capaces de encontrar una adecuada solución legal habrá acuerdo este año", dijo.

Una de las posibilidades pasaría por pagar más por los vehículos que pasan por la autopista, sin elevar la dotación presupuestaria a lo largo de los 28 años que quedan de concesión.

Para el director general de Carreteras no hay una razón que explique por sí sola el severo pinchazo en uno de los proyectos estrella de la pasada legislatura. Así, apuntó que la crisis ha provocado una caída del transporte de mercancías de entre un 50% y un 60%, a la que se ha unido la propia reducción, de hasta un 30%, en el uso del vehículo privado. "Además, el estudio de tráfico se hizo en una coyuntura económica muy distinta, cuando había cierta alegría en las expectativas", añadió.

Este problema difícilmente se podrá repetir con el proyecto Red, el macroconcurso convocado para la mejora y mantenimiento de las carreteras autonómicas, ya que en este caso se pagará en función de la disponibilidad y no del número de usuarios. Esta fórmula es la prepoderante en estos momentos por las administraciones porque minimiza el riesgo para las empresas, aunque se les impone penalizaciones.

Más casos en España

La autopista autonómica no es el único caso de una concesionaria que reclama renegociar las condiciones con la Administración ante el fiasco económico. Lo mismo ha pasado con la AP-41, que une Madrid con Toledo, y que acumucasi 29 millones de pérdidas en tres años al haberse variado las condiciones de la concesión original. Y parte de las autopistas radiales de la capital española también reclaman renegociar tras dispararse los costes de expropiación de los suelos y no registrar los volúmenes de tráfico previstos, que han dado al traste con todo el plan económico.