Condenado a pagar 400 euros por tirar una piedra a un coche patrulla en las fiestas de Chía
El Juzgado de lo Penal de Huesca sentencia a dos jóvenes por un altercado con la Guardia Civil. La acusación particular considera las penas insuficientes.
El Juzgado de lo Penal número 1 de Huesca ha condenado a dos jóvenes por un altercado con la Guardia Civil durante las fiestas de la Chía del año pasado. Uno de ellos lanzó una piedra al coche patrulla y el otro se resistió a la detención. No aprecia, sin embargo, el delito de atentado a la autoridad solicitado por la acusación particular.
La pena para uno de ellos, el que arrojó la piedra, por un delito leve de daños, es de 400 euros y además deberá indemnizar a la Guardia Civil, en concepto de responsabilidad civil con la suma de 432,82 euros. Sobre el otro, condenado por resistencia a la autoridad, pesan seis meses de multa (1.800 euros). Además, deberán abonar las costas del proceso, incluidas las de la acusación particular y la abogacía del estado. El abogado de los guardias estudia un recurso ante la Audiencia Provincial al considerar que las penas deberían haber sido mayores.
Los hechos ocurrieron en la madrugada el 29 de mayo de 2022, en la localidad de Chía (comarca de la Ribagorza), que celebraba sus fiestas mayores. Uno de los acusados lanzó una piedra de grandes dimensiones (un peso aproximado de 10 kilos) sobre la luna de un vehículo oficial de la Guardia Civil que estaba estacionado en la puerta del Ayuntamiento. El juez considera que aunque los dos jóvenes estaban juntos no se ha acreditado que actuaran de común acuerdo.
Los agentes y algunos vecinos los buscaron y localizaron una furgoneta estacionada en la parte trasera de la iglesia ocupada por dos jóvenes a los que identificó un vecino. Aunque nadie vio el lanzamiento de la piedra, este testigo afirmó que oyó el estruendo, se giró en décimas de segundo y vio a uno de los acusados apartase del vehículo policial, sobre el que había una piedra de grandes dimensiones. "Oí un ruido, un estruendo, y vi a un individuo en calzoncillos apartándose del vehículo de la Guardia Civil, y a otro a unos dos metros. Los vi alejarse por un callejón, a unos 10 metros, por un camino oscuro (…) Cuando se les localiza detrás de la Iglesia, yo los identifiqué", declaró.
Los agentes requirieron a los dos ocupantes de la furgoneta para que salieran del vehículo. Uno lo hizo voluntariamente pero el otro hizo caso omiso y se negó a identificarse, "haciendo aspavientos con las manos, dando manotazos, alguno de los cuales alcanzaron a un guardia e intentando marcharse y quitarse de encima al agente que intentaba proceder a su detención".
No obstante, señala el juez de lo Penal, esta resistencia activa no alcanza una especial intensidad, "sino que es de tono moderado y características eminentemente neutralizadoras", por lo que considera que no hubo delito de atentado a la autoridad. Tiene en cuenta "la entidad del forcejeo", que no se causaran lesiones al agente y "el probable estado de afectación por el alcohol que presentaba el acusado exteriorizado por un deambular inestable".
Jorge Piedrafita, abogado de la acusación particular, en nombre de los agentes, ha mostrado su satisfacción porque ha quedado probada la autoría del lanzamiento de la piedra y la agresión posterior a los guardias cuando les intentaron identificar.
Piedrafita, abogado de la asociación Independientes de la Guardia Civil (IGC), considera, no obstante, que la condena por delito leve de daños con 400 euros de multa, seis meses por resistencia a la autoridad, el abono de los daños del vehículo y las costas procesales, es "insuficiente" en base a los hechos probados.
La acusación particular solicitó una condena por el delito de atentado de dos años de prisión y además consideraba a los dos jóvenes responsables de los daños. Por su parte, el Abogado del Estado calificó el hecho como resistencia a la autoridad y pidió un año de cárcel, que finalmente ha quedado en seis meses.
Por ello, la acusación particular estudiará recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Huesca para incrementar la condena tanto en extensión como en la inclusión del delito de atentado "y que tenga un verdadero efecto disuasivo", ha declarado Piedrafita. "Para evitar que parezca que existe patente de corso en las continuas agresiones a los agentes policiales y salga gratis agredir a los servidores públicos que velan por la seguridad de la ciudadanía".
Desde IGC añaden que es necesario que las autoridades competentes articulen de forma urgente "cuantas medidas sean necesarias para que se reconozca a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como profesión de riesgo, ya que desgraciadamente este tipo de agresiones se vienen produciendo de forma recurrente a lo largo de todo el territorio nacional".
