Fiscalía y Seguridad Social pactan con 45 de los 50 acusados de un fraude en Huesca
Otros cinco imputados sí irán a juicio, entre ellos el administrador de la empresa ficticia que hizo las altas masivas de trabajadores y que ha sido declarado en rebeldía. Se enfrenta a penas de hasta 5 años de cárcel.
La Fiscalía y la Tesorería General de la Seguridad Social cerraron este viernes un acuerdo con 45 de los 50 acusados por cobrar indebidamente prestaciones por un valor cercano a los 100.000 euros después de admitir los hechos y aceptar condenas menores. Con ello, eludirán el juicio previsto en la Audiencia Provincial de Huesca.
Los otros cinco imputados sí que tendrán que sentarse en el banquillo tras rechazar cualquier pacto. Entre ellos está el administrador de la presunta empresa ficticia que realizó las altas masivas fraudulentas y que ni siquiera acudió a la citación de este viernes por lo que ha sido declarado en rebeldía. La Fiscalía solicita para él cinco años de cárcel mientras que la acusación particular pide más de tres años de prisión.
Según fuentes jurídicas, las personas que estaban acusadas de un delito consumado por haber cobrado la prestación del paro o una incapacidad temporal por una baja médica han aceptado penas de cárcel de tres meses. Además, deberán devolver el dinero percibido, que oscilaba entre los 500 y los 8.000 euros, y no podrán acceder a otras prestaciones ni a subvenciones o beneficios fiscales de la Seguridad Social durante un año y medio. Mientras, aquellas que estaban acusadas de un delito en grado de tentativa acordaron una pena de un mes y 15 días de cárcel, la prohibición de recibir prestaciones y beneficios fiscales de la Seguridad Social durante nueve meses y también tendrán que reintegrar el dinero cobrado sin tener derecho a ello.
En todos los casos se ha aplicado las atenuantes de dilaciones indebidas (los hechos se cometieron entre los años 2013 y 2015) y de reparación del daño.
Según las acusaciones, el principal acusado creó una empresa ficticia con domicilio fiscal en Huesca para facilitar supuestamente contratos de trabajo tanto en la provincia altoaragonesa como en Zaragoza y gestionó altas masivas, lo que despertó las sospechas de la Inspección de Trabajo por presuntas irregularidades ya que dada su configuración era cuanto menos sorprendente que tuviera tantos empleados.
De hecho, a lo largo de la investigación la empresa fue cambiando de actividad (limpieza, chatarra, hostelería...) para tratar de esquivar el seguimiento de los inspectores, lo que dificultó las investigaciones. La duración de estas contrataciones era suficiente como para poder beneficiarse de las prestaciones del sistema.
