La empresa Industrias Químicas del Noroeste (INQUINOSA) mantiene vivo en el Tribunal Supremo un pleito civil contra el Gobierno aragonés por el vertido de unos residuos de la planta que tenía en Sabiñánigo considerados por los expertos perjudiciales para el medio ambiente y la salud humana.

Según informaron fuentes judiciales, los magistrados del Tribunal Supremo se han dirigido recientemente a la representación legal de la Administración aragonesa para que informe sobre varias "cuestiones de derecho" admitidas a trámite para su valoración procesal. Estas objecciones, planteadas por el equipo jurídico de Inquinosa en su recurso, cuestionan que la legislación de residuos tóxicos en vigor en Aragón cuando se inició el proceso fuera aplicable a la empresa, y argumentan, además, que estos vertidos eran en esos momentos responsabilidad del Ayuntamiento de Sabiñánigo.

Los abogados de la empresa, para quienes el hecho de que los vertidos objeto de la causa estuvieran en un vertedero municipal exime de responsabilidad a la química al no ser ya de su propiedad, sostienen, asimismo, que dichas afecciones estarían, en cualquier caso, prescritas dado el tiempo transcurrido.

Un caso de 1996

El recurso civil original que motivó todo el proceso fue interpuesto por el Ejecutivo aragonés en mayo de 1996 y la primera sentencia se demoró hasta abril de 2003, debido a la complejidad de los informes periciales que fueron contrastados en la causa.

En abril de 2003, el Juzgado de Instrucción nº 3 de Huesca condenó a Inquinosa a pagar 6,5 millones de euros por los daños causados al medio ambiente desde su antigua planta de Sabiñánigo, a través de una resolución en la que responsabilizó a la empresa de originar graves riesgos para la salud.

Esta condena fue ratificada un año después por la Audiencia de Huesca, que confirmó en toda su integrad la sentencia del juzgado de primera instancia oscense, así como las valoraciones económicas en torno a los daños causados por Inquinosa.

Para la Audiencia, su responsabilidad está en que produjo vertidos altamente contaminantes de HCH (hexaclorociclohexano) no biodegradables, en que nunca tuvo autorización administrativa y en que nunca los eliminó, de forma que su permanencia en los terrenos afectados supone un "riesgo inadmisible" tanto para el medio ambiente como para la salud de las personas.

"Riesgo grave"

Los dos tribunales se apoyaron en los estudios de las consultoras INYPSA y TPA-PROSER para argumentar que los vertidos llevados a cabo desde 1978 a 1988 en Sardás y Bailín originaron un "riesgo grave" de contaminación por filtración al cauce del Gállego, "con el consiguiente peligro para la población humana".

El Tribunal Supremo ha rechazado sin embargo la objeción de los letrados de la empresa referida a una supuesta falta de legitimidad del Gobierno aragonés para interponer la demanda, ya que los costes de impermeabilización de los vertederos fueron financiados por el Gobierno central y con fondos europeos.

Entienden los magistrados del Supremo al rechazar este argumento que el Ejecutivo aragonés tenía "competencias" en materia de medio ambiente, independientemente de donde obtuviera recursos para la gestión de estas políticas. Las fuentes judiciales citadas explicaron que si el Tribunal Supremo confirma finalmente las sentencias de primera y segunda instancia, las dificultades se derivarán de la ejecución de sentencia ante la imposibilidad de localizar un domicilio legal de la empresa en España.

Inquinosa en Rumanía

Los servicios jurídicos del Gobierno aragonés han detectado el funcionamiento de una planta de Inquinosa en Rumanía, pero consideran "improbable" una ejecución de sentencia que afecte a dichas instalaciones. A juicio de las fuentes citadas, el "verdadero triunfo" derivado de una sentencia confirmatoria en el Supremo sería la creación de unos precedentes legales favorables a Aragón de cara a la gestión de las políticas medioambientales referidas a vertidos tóxicos.

Inquinosa, a lo largo de una decena de años, depositó al menos 30.000 toneladas de residuos de HCH (como se denomina a los residuos generados por la fabricación de lindano) en el vertedero de Sardás, y 23.000 en el de Bailín, según los datos que constan en la causa.