Nueve artículos, que dotan a la Comunidad de un régimen propio de garantías

Cada aragonés tiene una serie de derechos y deberes por el mero hecho de serlo; unos principios rectores que se plasmaron por primera vez en la reforma del Estatuto de 2007 y que actualizaron los recogidos en la Constitución de 1978. El derecho a vivir con dignidad, a un acceso en igualdad a la cultura, a una sanidad universal o a un abastecimiento de agua «en cantidad y en calidad» son solo algunos ejemplos. 

Se trata de aspectos que han marcado y siguen marcando el devenir social, cuestiones que continúan de plena actualidad. Su inclusión no estuvo exenta de polémica, ya que en su momento se dudó de que ‘casasen’ con la doctrina del Constitucional, aunque posteriormente quedaron ‘acreditados’ siempre que guardaran relación con las competencias autonómicas.

Según estos nueve artículos, que dotan a la Comunidad de un régimen propio de garantías, todos los aragoneses tienen derecho a vivir «con dignidad, seguridad y autonomía», libres de explotación y malos tratos y de todo tipo de discriminación. Fórmulas como esta permitieron pasar de las referencias genéricas que aparecían en el texto original, como también sucedía en otras comunidades autónomas, a un desarrollo más amplio de materias tan importantes como el medioambiente o la participación ciudadana. 

Se dice, por ejemplo, que todas las personas «tienen derecho a las prestaciones sociales destinadas a su bienestar», que cualquier aragonés debería poder acceder a una sanidad «digna y de calidad» y que corresponde a los poderes públicos promover «las medidas necesarias para garantizar de forma efectiva el ejercicio de estos derechos».

La libre elección de médico y centro sanitario, el deber de respetar el patrimonio cultural y colaborar en su conservación y disfrute o la posibilidad de presentar iniciativas legislativas ante las Cortes de Aragón y participar en el proceso de elaboración de las leyes son otros de los derechos que aparecen recogidos en el Estatuto.

En materia de aguas, establece que los poderes públicos están obligados a «velar especialmente para evitar transferencias entre las cuencas hidrográficas» que afecten a la sostenibilidad. Además, deberán vigilar la conservación y mejora de ríos, humedales y paisajes vinculados.