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Laya: “España acogió a Gali por motivos humanitarios y se hizo dentro del respeto a la ley”
La exministra de Asuntos Exteriores sostiene que no debía haberse abierto el caso judical sino debatirlo en el Parlamento.
La exministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, no vivió "como un sufrimiento" el proceso judicial abierto contra ella hace ocho meses por el Juzgado de Instrucción 7 de Zaragoza como investigada por el caso Gali, que fue archivado el jueves por la Audiencia de Zaragoza, sino más bien "como una lucha en defensa de la verdad" y considera que al final "se ha impuesto". "La verdad de la acogida de Brahim Gali en España es que era por motivos humanitarios y se hizo dentro del respeto de la ley", señaló González Laya a HERALDO.
La exresponsable política agrega que esa defensa de la verdad ha sido su "estela" siempre, que defendió "en público" y "en la comparecencia", cuanto declaró ante el juez instructor (Rafael Lasala), y se ha mostrado satisfecha ("me congratulo", reconoce) con "la decisión del archivo de la Audiencia de Zaragoza" porque supone "confirmar" su versión.
Respecto a la apertura de la investigación judicial, la exministra de Asuntos Exteriores (desde enero de 2020 hasta julio de 2021) cree que "nunca debió abrirse el caso judicial". "Me preocupa la politización de la justicia y la judicialización de la política. Temas que dependen del debate en el seno parlamentario se transfieren a la vía judicial y además, a la parte penal", denunció la política que fue retirada del Gobierno de Pedro Sánchez. «Se puede cuestionar, pero en la vía parlamentaria".
División de poderes
Arancha González Laya sostiene que en España hay "una división de poderes" que debe respetarse.
Respecto a las consecuencias que le provocó su salida del Gobierno, la exministra se pregunta "qué razones" lo provocaron y asume que fue nombrada por "la voluntad del presidente" (Pedro Sánchez), como su cese fue por "motivos suyos". "Hay que asumirlo con normalidad", agregó.
De cualquier manera, González Laya (San Sebastián, 1969) defiende que lleva veinte años de "servicio público" y considera que fue un "honor" que la nombraran ministra. Defiende que "este caso no debería haber llegado a la vía judicial", que ha gastado unos ingentes recursos para un asunto que "debería haberse debatido en el Parlamento, con luz y taquígrafos" porque "no había nada que esconder, como se ha demostrado".
Asimismo, González Laya reconoce que ha vivido "una gran desazón" respecto a los funcionarios públicos, diplomáticos, policías, sanitarios y militares afectados por el caso Gali. "Todo ha valido con tal de enfangar nuestra acción humanitaria. Sería importante restituirles su honor, su buen hacer y buen nombre porque todos ellos son funcionarios públicos injustamente tratados", señala.
Preguntada por el cambio del Gobierno de Pedro Sánchez decantándose en favor de Marruecos sobre el futuro del Sáhara, la exministra de Asuntos Exteriores respondió que su regla es "no comentar las decisiones del Gobierno" al que ha pertenecido por "lealtad" y "respeto".
Respecto a la instrucción del juez Rafael Lasala, Arancha González Laya señala que es "plenamente respetuosa" con la manera de actuar la Justicia y ha evitado "pronunciamientos durante la instrucción", aunque algunas de las actuaciones "eran difíciles de entender". "Eso pertenece del pasado y lo que importa es que la Audiencia Provincial ha dejado muy clara la postura y a partir de ahora se abre un nuevo camino", reitera, al tiempo que agradeció el trabajo denodado de la abogada del Estado María del Mar Gonzalo.
"En este caso ha valido todo", responde sobre el uso del espionaje para hacer público a los medios la llegada de Gali al hospital de Logroño, "y en la democracia no vale todo".
La exministra de Asuntos Exteriores no ha dejado de trabajar en los ocho meses que ha sido investigada por el Juzgado de Instrucción 7 de Zaragoza hasta el archivo dictado este jueves por la Audiencia de Zaragoza ya que ahora es decana de las Escuela de Asuntos Internacionales de París. "Mi trayectoria era la de una funcionaria y servidora pública intachable", ha defendido.
Restituir el buen nombre y honor de Camilo Villarino
Asimismo, comparte trabajo en un comité de la empresa Danone, a la que les aconseja de manera independiente y forma parte de un consejo para alcanzar los objetivos 20-30 en la sociedad y adaptarla a consideraciones de sostenibilidd ambiental y social.
Respecto a su jefe de gabinete, Camilo Villarino, cuya causa fue archivada antes por el juez Lasala y le afectó hasta truncar su destino en la Embajada de España en Rusia, la exministra incide en la necesidad de "restituir" el buen nombre y el honor de todas las personas que fueron afectados por el proceso.
