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Aragón recibirá del Estado más de 95,5 millones de euros para compensar el IVA de 2017
La Comunidad renuncia a las reclamaciones en curso y cobrará por los intereses de 2020 a marzo de 2022.
Acaba el culebrón de la devolución del IVA devengado de diciembre de 2017. Y lo hace, al final, con el pago a Aragón por parte del Estado de más de 95,5 millones euros, una transferencia que se debe a los fallos judiciales a favor de las comunidades que decidieron acudir a los tribunales para reclamarlo. Para acceder a ellos, el Gobierno de Aragón ha tenido que renunciar a nuevas acciones administrativas o judiciales.
Comenzó el problema cuando, con el popular Cristóbal Montoro con ministro de Hacienda, se introdujo el Suministro de Inmediato de Información (SII) como nuevo método de llevanza de los libros de este impuesto desde la Agencia Tributaria. Su puesta en funcionamiento originó que el último pago del IVA se pospusiera al 30 de diciembre de 2017, de manera que el ingreso en el Tesoro se produjo en enero del año siguiente.
Ya en la anterior legislatura el entonces consejero de Hacienda de la DGA, Fernando Gimeno, alertó de que implicaría la pérdida de más de 80 millones de euros en ingresos. Y así fue, pero se mantuvo también con la socialista María Jesús Montero como ministra del ramo. En su caso, vinculó el pago del IVA devengado de 2017 a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2019 cuyo bloqueo, al prosperar las enmiendas de Ciudadanos, ERC, PDeCAT, Coalición Canaria y Foro Asturias, acabó en adelanto electoral.
Protestaron las comunidades, Aragón entre ellas. El presidente Javier Lambán llegó a pedir a la ministra por carta que rectificara, y le dio 15 días antes de emprender acciones legales. "Si consideran que es lo que tienen que hacer, no tengo nada que decir", replicó la ministra.
Y así lo hicieron varias autonomías, que lograron torcer el brazo al Gobierno que al final, como anunció en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de julio de 2021, pagará a todas las comunidades la cantidad adeudada y los intereses que se han generado. En total repartirá más de 3.000 millones de euros.
También presentó una reclamación el consejero de Hacienda, Carlos Pérez Anadón, al Consejo de Ministros solicitando para Aragón la compensación necesaria, en el mismo sentido que recogía la sentencia del Tribunal Supremo, que estimaba parte del contencioso interpuesto por la Comunidad de Castilla y León. Una petición a la que renuncia ahora, tras aceptar la propuesta del Gobierno de España que garantiza que llegarán, al fin, a Aragón los 95,5 millones de euros retenidos de forma injusta desde 2017. Se trata de unos ingresos ya presupuestados, pero que también suman.
La región presentará en solitario su propuesta de financiación
La consejera de Presidencia del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, hizo este miércoles hincapié en el "esfuerzo" que está haciendo el Ejecutivo autonómico para plantear, con consenso, las reclamaciones "históricas" de este territorio en materia de financiación.
La DGA tiene de plazo hasta el 31 de enero para enviar al Ministerio de Hacienda su postura respecto a la propuesta de utilizar para el reparto la población ajustada. Formulará la solicitud en solitario, a pesar de que el consejero de Hacienda está manteniendo conversaciones al respecto con consejeros de la España rural.
El objetivo, tanto de Carlos Pérez Anadón como del presidente de Aragón, Javier Lambán, es "recabar toda la información para incluir en ese informe", así como "compartir" con los agentes sociales y las fuerzas políticas una postura común, que se podrá de manifiesto este jueves, en una reunión en las Cortes.
La consejera de Presidencia explicó, tras el Consejo de Gobierno, que los criterios que planteará Aragón irán en consonancia con esas "reivindicaciones históricas" de la Comunidad.
