"Nos sentiríamos engañados si nos usaran para el trasvase a Barcelona"

"No queremos ser Sijena 2". Así resume el alcalde de Santa Coloma de Queralt, Magí Trullols, el sentir de los cuatro ayuntamientos catalanes que se han convertido en centro de la última polémica entre la Generalitat y el Gobierno de Aragón. Santa Coloma, Les Piles y Forés, en la provincia de Tarragona, y el vecino municipio de Montmaneu, en la de Barcelona, tienen parte de sus términos municipales en la cuenca del Ebro y parte en las cuencas internas catalanas, por lo que Aragón considera que el proyecto para que beban agua procedente del Segre, a través del canal de Segarra-Garrigues, es un trasvase en toda regla que no está dispuesto a consentir.

La DGA reconoce que abastecerles desde el Ebro "no es lo más grave". Lo que preocupa realmente es la reciente aprobación del nuevo plan de las cuencas internas catalanas, en el que se reconoce un déficit en el sistema Ter-Llobregat –del que se nutre el área metropolitana de Barcelona–, que actualmente es de 2m3/s y que en el futuro se disparará hasta los 6m3/s. Cuando las necesidades alcancen esta cota, se requerirán "aportaciones complementarias" de 190 hm3 al año, la capacidad total de embalses como La Sotonera o Ribarroja.

Estas previsiones, además de la falta de información que denuncia la DGA, han encendido las alarmas en Aragón por el temor de que la pretensión de Cataluña sea cubrir estas carencias con agua del Ebro, aunque en los últimos días el presidente Carles Puigdemont y su consejero de Territorio y Sostenibilidad, Josep Rull, se hayan esforzado en negar esta posibilidad. Cuando sea el momento de abordar este problema, según le garantizó Rull al consejero aragonés Joaquín Olona, lo harán "en diálogo con todos los implicados", pero siempre, dice en la carta que le ha enviado, "buscando soluciones que no contradigan la posición contraria del Gobierno catalán a trasvasar agua del Ebro al área de Barcelona".

El plan catalán, ya recurrido por Aragón y que según el Ministerio de Medio Ambiente "se atiene a la legislación vigente", prevé invertir 173 millones de euros hasta 2021 en la red Ter-Llobregat para mejorar los abastecimientos, pero no concreta en qué obras. La tubería prevista para los pueblos es de 11 centímetros de diámetro, lo que "no permite en ningún caso grandes transferencias de agua hacia Barcelona", sostiene Rull.

El mismo argumento esgrimen los alcaldes afectados, que llevan más de una década esperando que se desbloquee el proyecto –retomado por Puigdemont– y que quieren evitar a toda costa la confrontación con Aragón. "El primer cabreado si después lo utilizan para otra cosa sería yo, nos sentiríamos engañados", asegura Magí Balcells, alcalde del pequeño municipio de Les Piles. Sus cuatro núcleos suman 220 empadronados y hay una casa de colonias con 100 plazas. Desde hace años, recomiendan no beber del grifo y a las personas enfermas o embarazadas, no usar el agua corriente ni siquiera para cocinar.

"Tenemos un doble problema: hay poca agua en los pozos y es de mala calidad porque contiene nitratos y sulfatos", expone el primer edil. "Pensamos potabilizarla –añade–, pero se pierde hasta un 30% del agua y no nos podemos permitir ese lujo". El año pasado se quedaron sin suministro el 15 de agosto. Asegura que tienen "necesidad real de agua". "Solo intentamos mantener la población y el caudal que pedimos es ridículo", dice Balcells, en referencia a los 0,62 hm3 anuales para la treintena de municipios incluidos en el proyecto.

"Estamos peor que en 2010"

Es el mismo caudal previsto en el proyecto de 2008, en base al cual el Gobierno de Zapatero autorizó en 2010 el trasvase a los cuatro municipios fuera de la cuenca del Ebro, aunque de forma "temporal" hasta que lograran abastecerse de las cuencas internas. Aragón cree que el permiso concedido en plena época de sequía caducó, pero para la Generalitat sigue vigente y los pueblos afectados dicen que ahora están "peor aún".

Tanto Balcells como su homólogo de Santa Coloma (2.800 habitantes y también sin agua potable) aseguran que no hay otra alternativa que la cuenca del Ebro, ya sea del Segarra-Garrigues, del canal de Urgel o del trasvase a Tarragona. Confían en que la oposición frontal de la DGA no retrase más el proyecto –se prevé acabar las obras de los 122 kilómetros de tuberías en 2019– porque la gente "ha pasado de la conformidad inicial a la indignación". "No tener agua potable en el siglo XXI es incomprensible", asegura Magí Trullols. "Los vecinos están desesperados, y un pueblo sin agua no tiene futuro", lamenta.

"No tiene sentido que si hay autorización se haga de esto una cruzada política", comenta indignado en referencia a la actual negativa de Aragón, que en 2010 sí fue favorable al plan, aunque con condiciones. Descarta que sea el origen de un trasvase mayor, aunque dice entender "esa parte del temor" de Aragón. Por eso, igual que Balcells, ve "perfecto" que "defiendan sus derechos y vigilen que se cumple lo previsto".