El pacto social por la Educación que ha sido entregado por el Consejo Escolar al Gobierno de Aragón para debatirlo en las Cortes busca dar estabilidad al sistema educativo, concreta 250 mejoras y compromete a las fuerzas políticas, dado el apoyo con el que cuenta por parte de la comunidad educativa.

Este martes, se ha escenificado ese respaldo con la firma del documento por parte de los representantes de todas las organizaciones que conforman el Consejo Escolar de Aragón, menos tres, además de otras autoridades como representantes de ayuntamientos y profesores.

La firma ha tenido lugar en la sede del Consejo Escolar de Aragón en la capital aragonesa, en un acto en el que la consejera de Educación, Mayte Pérez, ha recibido el documento para trasladarlo a la Comisión creada en las Cortes para debatir un pacto por la educación.

Pérez, quien ha agradecido al Consejo Escolar el esfuerzo realizado, ha resaltado que este documento, lejos de ser un texto general como el que se ha planteado en otras Comunidades Autónomas, baja al terreno con más de 250 medidas y compromete a las fuerzas políticas que deseen un pacto por la educación.

Ha apuntado que recoge este documento "valiente y audaz", para entregarlo al parlamento aragonés, al que trasladará ese ejemplo de "responsabilidad" y "generosidad" del Consejo Escolar, para que todas las fuerzas estén "a la altura".

"Espero sinceramente, y nosotros vamos a poner todo lo que está en nuestras manos, que el parlamento sea capaz también de establecer un marco común, un pacto político y social junto a este documento que le dé estabilidad y mejore la calidad de nuestra educación", ha dicho.

Este pacto social por la Educación cuenta con el respaldo de todas las organizaciones que conforman el Consejo Escolar menos tres -CCOO, STea y CGT-, un apoyo que ha sido posible tras doce meses de "muchas discusiones y debates".

La presidenta del Consejo Escolar, Carmen Martínez Urtasun, ha comentado que el proceso ha sido "largo" y "laborioso" dadas las distintas visiones que los agentes, en referencia a padres, alumnos y profesores, tienen de la educación, así como la conformación de la escuela en Aragón, con la red pública y la concertada.

Para superar estas diferencias han evitado votar las acciones y las han reformulado para que todos se vieran representadas en ellas, una experiencia que se ha ofrecido a transmitir a las Cortes de Aragón para que este pacto encuentre allí también "un acuerdo unánime".

"Yo creo que las Cortes es el sitio de la palabra donde reside la soberanía de todos y entiendo que, como hemos hecho nosotros aquí, intentarán el acuerdo unánime", ha precisado.

No obstante, ha insistido en que el objetivo de este documento no es plantear una ley educativa, sino "abrir camino" y dar vías a los poderes ejecutivo y legislativo para dar estabilidad social y presupuestaria al sistema educativo aragonés, así como fomentar una educación de calidad para todo el alumnado .

El documento concreta  250 medidas para la mejora de la escuela, pero no habla expresamente de cuestiones concretas como las reválidas porque el objetivo era hacer un texto sobre cualquier ley, aunque sí hace referencia a que el acceso a la Universidad debe estar planificado con tiempo, al contrario de lo ocurrido en este curso, ha señalado.

En cuanto a los deberes escolares, Martínez ha afirmado que durante la elaboración del documento se llevó a cabo una actividad con alumnos de Primaria para que explicaran qué tipo de escuela querían y que en ella expusieron que no querían tantos deberes.

"Nosotros lo que hemos recogido es que hay que hacer un análisis sobre el currículo y la necesidad de profundizar en las destrezas adquiridas en horario extraescolar", ha dicho.

Por último, ha resaltado que Aragón es la única Comunidad Autónoma que cuenta con un documento político de esta profundidad, elaborado con la participación de profesores, padres y alumnos en cada uno de los grupos de trabajo que se han creado. "Y eso le da riqueza al texto".

El Consejo Escolar de Aragón es el máximo órgano de participación de la comunidad educativa. En él está representado el profesorado de enseñanza pública y privada concertada; los padres del alumnado; los propios estudiantes; el personal de administración y servicios de la enseñanza pública y privada concertada; los centros privados y los sindicatos.

También las organizaciones empresariales; la Universidad de Zaragoza; la Federación de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP); la Administración de la Comunidad Autónoma, así como las personas destacadas en el ámbito de la investigación educativa.