El Gobierno de Aragón dispondrá a partir del otoño de 1.526 viviendas vacías de una docena de bancos y cajas de ahorros para atender la demanda social. Para ello, la directora general de Vivienda, Mayte Andreu, ultima el acuerdo con las entidades financieras que permitirá asignar en el último cuatrimestre del año las primeras 150 viviendas, el número máximo de arrendamientos a los que podrá hacer frente el Departamento de Vertebración del Territorio con la partida presupuestaria de la que dispone.

El objetivo inicial de la DGA era empezar a ocupar la pasada primavera pisos vacíos de los bancos, provenientes de desahucios, aunque la voluntad de llegar a acuerdos y de contar con un número mínimo de inmuebles ya inspeccionados demorará su puesta en marcha. "No queremos que ocurra como con el Gobierno PP-PAR, que firmó con la Sareb y ninguna de los 80 inmuebles por los que se les paga entre 75 y 125 euros mensuales reúne las mínimas condiciones de habitabilidad", señaló la directora general de Vivienda, Mayte Andreu.

La responsable autonómica agradeció por adelantado la colaboración demostrada por la docena de entidades con las que firmará tras el verano: Bantierra, Caja Rural de Teruel, Caixabank, Santander, Catalunya Bank,_Sabadell, Bankia, UCI, Laboral Kutxa, Mare Nostrum, Cajamar y Caja de Arquitectos. En total, hay 70 que cuentan con inmuebles desocupados en Aragón y que tienen la obligación cada trimestre de comunicar los inmuebles que mantienen vacíos. Ahora han aportado de nuevo sus listados, que revelan la existencia de un total de 4.142 pisos vacíos por desahucios, de los cuales se han seleccionado 2.193.

La docena de entidades con las que se firmará un protocolo poseen 2.838 viviendas, de las cuales 1.526 se han elegido en función de la información aportada como susceptibles de destinarse al arrendamiento. Desde que empezó el proceso de inspección en mayo, los funcionarios y el personal de Suelo y Vivienda de Aragón (SVA) han visitado 276 casas, de las cuales un 80% reúnen realmente condiciones para ser ocupadas. Andreu calculó que se revisarán otras 188 este verano.

Las estrecheces presupuestarias chocan con la realidad de los números de la bolsa de alquiler social de la DGA. Hasta 937 personas están en lista de espera pese a tener el derecho reconocido y otras 1.872 siguen pendientes de que se estudie su caso, lo que da una idea de la emergencia social. Andreu lamentó la demora acumulada, ya que la última vivienda asignada, el pasado 1 de julio en Caspe, se concedió a un ciudadano que se apuntó a la bolsa de alquiler social hace dos años y al que se aceptó su solicitud hace ahora un mes.

La directora general señaló que la bolsa cuenta ahora con 321 viviendas, en su inmensa mayoría aportadas por particulares y de las cuales solo 26 están libres. "O_se encuentran en reparación o en poblaciones donde no existe demanda", explicó Andreu.

Una legislatura 

La pretensión de la DGA es asignar las viviendas de los bancos con un criterio de cercanía. Andreu detalló que a los ciudadanos se les podrá recolocar en localidades situadas a 30 minutos de distancia en transporte público, aunque este proceso se alargará toda la legislatura.

Los convenios que se firmarán con los bancos les garantizarán unos ingresos mínimos por cada piso, inferiores a los de los particulares que los ceden voluntariamente. En su caso, cuatro euros por metro cuadrado. En otras autonomías se ha pactado pagarles entre 250 y 300 euros mensuales por vivienda.

La mayoría rondan los 70 metros cuadrados, aunque alguna llega a los 90. "Si requieren alguna reparación, se financia hasta un máximo de 7.000 euros y se descuenta de la asignación durante los tres años de vigencia del contrato de permanencia en la bolsa", añadió.

La directora general de Vivienda subrayó que debe ser "realista" con lo que supone la gestión, porque no solo se debe garantizar una percepción a los que ceden sus inmuebles, sino afrontar los gastos del seguro, de su mantenimiento, de la gestión del cobro y del acompañamiento social a los inquilinos. De esta labor se ocupan ahora tres entidades sociales, aunque la voluntad es que la tarea sea asumida por SVA para abaratar. "Todos estos costes conllevan que cada arrendamiento de la bolsa de alquiler suponga un desembolso anual de 3.000 euros a las arcas públicas. Y luego hay que ver caso por caso cuánto se puede recuperar con lo que aportan los inquilinos", aclaró.