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PAR reclama la derogación del decreto servidumbres del aeropuerto de Lérida

Los aragonesistan afirman que las "exigencias" han impedido la instalación de una planta de despiecie y elaboración de productos cárnicos.

Efe. Huesca Actualizada 23/05/2016 a las 22:44
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Desde la inauguración el 17 de enero, el aeropuerto de Lérida ya ha recibido a 25.000 visitantes.EFE

El PAR ha instado hoy al Gobierno aragonés a reiterar ante el Ministerio de Fomento la "urgente derogación o corrección" del decreto de servidumbres del aeropuerto de Lleida-Alguaire, que ha impedido la ubicación de una industria en la localidad próxima de Altorricón (Huesca).

Según los aragonesistas, las "exigencias" derivadas del referido decreto han impedido a la empresa local Meat Center Ibérica la instalación de una planta de despiece y elaboración de productos cárnicos que preveía la creación de 80 a 100 puestos de trabajo, y han propiciado su traslado a la Comunidad Valenciana.

Esta formación insta, en un comunicado, al Ayuntamiento de Altorricón y al Gobierno aragonés a "seguir trabajando" para desbloquear otros proyectos afectados actualmente por las servidumbres del aeropuerto de Lérida.

Advierten sus responsables que el Real Decreto 1422/2012 que establece las servidumbres del aeropuerto catalán no sólo no respeta las competencias territoriales de Aragón sino que se llevó a cabo sin contar con el Gobierno aragonés.

Lamentan, además, que a lo largo de las dos últimas legislaturas autonómicas, los gobiernos del PP y del PSOE "no se hayan tomado este asunto con la seriedad necesaria".

Asimismo, el PAR considera "sorprendentes" unas declaraciones del presidente de la comarca de La Litera, Josep Antonio Chauvell, en las que "no ve objeción alguna" al decreto y expresa su voluntad de asumir las servidumbres".

Las Cortes de Aragón acordaron por unanimidad en marzo de 2003 exigir la derogación del decreto, y un año después el Tribunal Supremo, en respuesta a un recurso de Peralta de Calasanz, uno de los diez municipios oscenses afectados, instó al Gobierno español y a la Generalitat a revisar las servidumbres establecidas.

El alto tribunal entendió entonces que los trámites administrativos llevados a cabo para su aprobación no fueron comunicados a la Comunidad aragonesa a pesar de afectar a sus competencias.

La corrección del decreto, que un principio adscribió los diez municipios altoaragoneses a la provincia de Lérida, no solucionó, a juicio de los magistrados, la no comunicación del acuerdo a Aragón.







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