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Dependencia

Encerrados por el futuro de sus hijos

Medio centenar de familias de la Asociación de Disminuidos Psíquicos de Las Fuentes se han instalado en su sede para exigir a la DGA el dinero que les adeuda.

Cristina Delgado. Zaragoza Actualizada 22/04/2016 a las 13:48
Tercer día de encierro en Adislaf

La moral está alta y no tienen intención de suspender su protesta. La Asociación de Disminuidos Psíquicos de Las Fuentes (Adislaf) inició el miércoles un encierro en su sede del barrio zaragozano de Las Fuentes, para reclamar a la DGA el dinero que les debe desde hacer años. La deuda amenaza la supervivencia del centro, y las 300 familias que reciben asistencia allí no están dispuestas a perderlo.

José María López, presidente de la fundación, asegura que la protesta “va muy bien” y que la respuesta de los socios ha sido mucho mejor de lo que esperaban. Confiaban en que cada día se encerraran seis o siete personas, y sin embargo son una veintena –la mayoría, padres de los usuarios- las que forman cada uno de los dos grupos en los que se han organizado. “El más joven soy yo, y tengo 70 años –dice-, pero aún tenemos redaños de aguantar lo que sea necesario”.

Por la noche ocupan su lugar los trabajadores del centro –“más jóvenes”-, y que temen por su futuro laboral si la DGA no salda sus deudas de inmediato.

Espero que se recupere el sentido común, que nos sentemos y se arreglen las cosas”, asegura López, que sin embargo no descarta que la protesta se alargue. Ya tienen experiencia: “Nos encerramos hace años, durante el Gobierno de Marcelino Iglesias, y estuvimos aquí 35 días”. Además, cree que la edad y las circunstancias están a su favor. “Somos todos jubilados, así que no tenemos ninguna prisa”, añade.

Adislaf forma parte del Observatorio Aragonés de la Discapacidad Intelectual y Parálisis Cerebral (OADI) -junto a Atades y Aspace de Zaragoza y Huesca, y Adisciv-, que reclama a la DGA dos millones de euros adeudados desde 2013 y un compromiso por escrito con los plazos en los que se va a pagar el dinero.

La situación afecta a unos 3.000 discapacitados intelectuales en toda la Comunidad y a más de 1.000 trabajadores de los centros especiales de empleo, que temen quedarse en el paro si el Gobierno de Aragón no salda sus deudas. Las familias, por su parte, creen que estos centros son la única forma de garantizar a sus hijos un futuro digno. 

“Llevo 45 años en el mundo de la discapacidad –dice López- y ahora que por fin se han conseguido unos servicios decentes no podemos perderlos”. Por eso, insiste en que mantendrán la protesta y critica las modificaciones presupuestarias de la DGA, que han reducido el dinero destinado a la dependencia. “Se han llevado tres millones de gasto social a las comarcas. No hay derecho”, dice rotundo.







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