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Cuidado de los mayores

Las residencias que incumplen los requisitos tienen un mes para subsanar las deficiencias

De las 320 residencias autorizadas en Aragón, un total de 45 no cumplen con los requisitos requeridos.

Efe. Zaragoza Actualizada 13/01/2016 a las 18:49
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La entrada a la residencia de Santa Fe donde se produjo el incendioOliver Duch

Un total de 45 residencias de mayores que no tienen licencia municipal o no cumplen los requisitos requeridos para estos centros tienen un mes para subsanar estas deficiencias y, si pasado ese tiempo, no lo han hecho deberán cerrar.

Esto es lo que recoge la Orden de regularización de la situación administrativa de residencias para personas mayores que publica en el Boletín Oficial de Aragón.

Esta orden surge del plan de inspección de residencias que puso en marcha el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales el pasado mes de julio tras el incendio de la residencia Santa Fe en el que murieron ocho ancianos y que llevó a la clausura de seis centros que optaron por cerrar sus puertas al no poder cumplir con los requisitos exigidos desde el Gobierno de Aragón.

Las conclusiones de este plan señalaron que en Aragón hay 230 residencias autorizadas y un grupo de 45 no cumplen con todos los requisitos requeridos para los establecimientos de este tipo, según ha informado el Ejecutivo.

De ellas, 28 no cuentan con licencia de apertura (deben otorgarla los ayuntamientos) pero que sí cumplen los requisitos en materia de servicios sociales; cinco no tienen licencia ni pasaron la inspección del Gobierno de Aragón y otras 12 que tienen licencia pero que no cumplen las condiciones requeridas.

El Gobierno de Aragón ha dictado esta orden para que estos centros puedan subsanar sus carencias en el plazo de un mes. Para ello ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Zaragoza, ciudad en la que se concentra el mayor número de casos, para agilizar la concesión de licencias de apertura a aquellos centros que no las tengan.

El secretario general técnico del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales, José Antonio Jiménez, ha señalado que se trata de una medida "excepcional" y que el objetivo es garantizar la seguridad y las buenas condiciones de estos centros.

En la orden se especifica que los titulares de los centros deberán presentar en el plazo de un mes un plan operativo que contemple la subsanación de las deficiencias, y su incumplimiento, la falta de justificación de su ejecución o la ausencia del citado plan motivará el cierre preventivo de los centros.







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