Ni qué se llevaron a Cataluña en seis traslados; ni qué pruebas tenían los catalanes para sacarlos del archivo de Salamanca; ni qué se decidía en las reuniones del Gobierno central y la Generalitat. El Ministerio de Cultura ha asumido en una carta remitida por el subdirector general de los Archivos Nacionales, Severiano Hernández, que no puede informar al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) sobre el contenido de más de un millón de documentos, entre los que hay cientos de procedencia aragonesa. Esta respuesta al auto judicial, que daba 30 días de plazo, deja en evidencia a la falta de control en la aplicación de la Ley de Restitución Documental.

"No existe una relación pormenorizada de los documentos entregados a Cataluña y ahora es materialmente imposible entregarlos por la falta de medios humanos y técnicos", se excusa el responsable de Archivos Nacionales en la singular misiva, y argumenta que se incluía en las órdenes ministeriales la cantidad de cajas trasladadas. Pasados diez años de traslados, no hay una relación detallada para poder probar si los envíos se hicieron dentro o fuera de la ley. Asimismo, el responsable de Archivos Nacionales tampoco ha podido aportar las pruebas que dio la Generalitat de los documentos para justificar su entrega.

La respuesta del Ministerio de Cultura, que nunca ha aportado esa información a los defensores del Archivo de Salamanca contra el expolio, supone que el TSJCpuede aprobar que se abra una comisión nueva para que se examinen todos los documentos. "Vamos a solicitarlo y hace falta que todos seamos parte de la comisión para poder comprobar la legalidad de lo que se llevaron, que fueron más de un millón de documentos", apuntó ayer el investigador Policarpo Sánchez, demandante y presidente de la asociación Salvar el Archivo de Salamanca.

Aun así, Sánchez tiene claro que "en realidad, la Generalitat se llevó lo que quiso sin un estudio científico riguroso sobre la documentación". "Pueden decir que se han llevado una caja con carnés de la CNT, pero ignoran que muchos eran aragoneses".Errores en las copias digitales

De esta manera, el responsable del Ministerio de Cultura tampoco ha podido aportar las pruebas para seleccionar los documentos escogidos en el Archivo de Salamanca para llevarlos a Cataluña bajo los criterios legales. En cuanto a las copias digitales compulsadas sobre cada documento que se debían tomar para que quedara constancia en Salamanca, Severiano Hernández asume que se han producido "errores" para realizarlas, tal como exigía la ley de la Restitución Documental aprobada en 2005. "Es muy posible que no se hayan realizado copias digitales sin hacer de decenas de miles de documentos", apuntó el investigador.

El TSJC libró oficios de su auto al Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca y a la Secretaría de Estado de Cultura, del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para que le informaran y remitieran las certificaciones especificadas en el escrito de prueba.

Entre las mismas se encuentran las actas de las comisiones mixtas, que integraron responsables del Gobierno y de la Generalitat, para decidir los envíos de los documentos. "Cuando nosotros lo pedíamos, Cultura decía que esas reuniones eran secretas para no incomodar a Artur Mas", recuerda el investigador salmantino. Pero el subdirector general de Archivos Nacionales tampoco ha podido aportar el contenido de las tres primeras reuniones de la comisión a las que acudían representantes de Cultura y la Generalitat, entre 2006 y 2008.Las actas de reuniones

"El acta de la cuarta reunión se limita a facilitar el permiso a los técnicos de la Generalitat para entrar en el Archivo de Salamanca y preparar el siguiente envío", destaca Policarpo Sánchez. Paradójicamente, desde que el investigador interpuso la demanda en 2013 ante el TSJC, el contenido de esas comisiones se documentan aunque con "vaguedades", según detalla el investigador.

El escenario que se presenta ante el TSJCes "el peor posible", según Policarpo Sánchez, "porque el Ministerio de Cultura reconoce que no actuó con rigor en la entrega de los documentos y ni siquiera sabe qué se envió". El investigador reclama que el Gobierno en funciones debería hacer dimitir al subdirector general de Archivos Nacionales, Severiano Hernández, sobre el traslado de documentos a Cataluña. Además, el presidente de Salvar el Archivo denuncia que el responsable de Cultura contrató a una familiar de su pareja cubana para seleccionar papeles en Salamanca y su posterior envío a Cataluña, hasta en fines de semana.