El Ministerio de Medio Ambiente ha cedido en sus pretensiones iniciales y finalmente suavizará las fuertes restricciones que pretendía imponer para urbanizar en zonas inundables, y que habían generado una fuerte oposición en los municipios de la ribera del Ebro. Allí veían "excesivas" las medidas propuestas para "garantizar la seguridad de personas y bienes" y temían que supusieran un freno a su desarrollo que hipotecaría el futuro de estas localidades. Ahora, se muestran cautos hasta analizar el impacto de las nuevas modificaciones. El texto se votará el miércoles en el Consejo Nacional del Agua.

Tras el periodo de alegaciones, el Gobierno central ha introducido excepciones que podrían dar cierto margen a los pueblos para construir infraestructuras y viviendas, que según el primer borrador quedaban vetadas, con carácter general, en toda el área inundable por una avenida con un periodo de retorno de 500 años. Es un escenario extremo asociado a zonas con una probabilidad baja o excepcional de anegarse.

La norma propuesta inicialmente prohibía autorizar en las denominadas "zonas de flujo preferente" (inundables) nuevas edificaciones, garajes subterráneos o sótanos –solo se permitirían casetas agrícolas de hasta 40 metros cuadrados–, así como obras de rehabilitación que incrementaran el volumen de edificación existente, salvo si el suelo está clasificado como urbano. Y aunque lo esté, no podrían ubicarse en estos terrenos centros escolares o sanitarios, residencias de ancianos o discapacitados, servicios de bomberos, gasolineras, estaciones eléctricas, granjas...

Igualmente, se veta la construcción de viviendas, comercios o industrias, además de no poder ubicar en el área afectada zonas de acampada, invernaderos, depuradoras o nuevas infraestructuras que discurran paralelas al cauce. En estos dos últimos casos, si no hay otra solución viable, se autorizarían, siempre que no incrementaran el riesgo de inundación. Tras estudiar las alegaciones, se ha decidido permitir depuradoras en "pequeñas poblaciones" si sus sistemas son "compatibles con las inundaciones".

Pero el cambio más significativo es la introducción de un nuevo punto que rebaja las exigencias en las localidades que se verían más condicionadas por esta nueva regulación. De esta forma, cuando más de un tercio de la superficie de un término municipal esté incluida en la zona de flujo preferente, o bien no lleguen a ese mínimo pero haya una "imposibilidad material" para orientar sus futuros desarrollos hacia zonas no inundables, se permitirán determinadas construcciones. Esta medida excepcional se aplicará "siempre fuera de la zona de policía" (100 metros de anchura a cada lado del cauce). Aún así, no se aceptarían residencias, colegios, centros sanitarios, deportivos o grandes superficies comerciales. En estos casos, habría que demostrar que no hay una ubicación alternativa.

Luis Eduardo Moncín, alcalde de Pradilla y portavoz de la Plataforma de Municipios Afectados por las Riadas, confía en poderse acoger a esas salvedades ya que todo su término "aparece en los mapas de riesgos de inundación". Recuerda que apuestan por que haya una regulación, pero no tan estricta "porque si no se puede edificar un colegio, ni casas...". E insiste en que "hay que limpiar el río, que cada vez sube más".

Mientras, en Alcalá de Ebro están pendientes de las condiciones que se aprueben para seguir tramitando su Plan General de Ordenación Urbana. El alcalde, José Miguel Achón, explica que al advertirles la Confederación Hidrográfica del Ebro de las restricciones previstas, eliminaron dos unidades de ejecución para viviendas junto al casco urbano para cumplir con las normas del primer borrador. Incluso si se les exime de cumplir con algunas limitaciones, teme, al igual, que Moncín, que los trámites y permisos necesarios compliquen la edificación residencial o la instalación de empresas. "Es un problema añadido al que tenemos con el río y si todo son trabas, la gente se va", advierte. A su juicio, el escenario "dependerá de la voluntad política de aplicar" esta normativa, por lo que pide "un poco más de margen".

Por su parte, Alfredo Zaldívar, primer edil de Remolinos, se muestra cauto a la espera de analizar el alcance de las medidas que ahora se proponen. En su caso, calcula que un 20% del municipio es inundable, por lo que "habrá que mirar con lupa" el texto final.