El Ministerio de Medio Ambiente endurece las condiciones para construir a orillas del Ebro

La ministra Isabel García Tejerina presentó en el último Consejo Nacional del Agua el borrador del real decreto que modifica el reglamento del dominio público hidráulico en materia de gestión de riesgos de inundación, caudales ecológicos, reservas hidrológicas y vertidos de aguas residuales. De todos estos ámbitos, el que más preocupa a los municipios ribereños es el que limita notablemente la capacidad de actuación en las zonas próximas a cauces.

El documento planteado por el Ministerio de Medio Ambiente, que durante un mes, hasta hoy, se ha sometido al trámite de información pública para formular alegaciones, establece que, con carácter general, no se podrán autorizar en las denominadas "zonas de flujo preferente" (inundables) nuevas edificaciones, garajes subterráneos o sótanos –únicamente se permitirían casetas agrícolas de hasta 40 metros cuadrados– salvo si el suelo está clasificado como urbano.

Y aunque lo esté, no podrían ubicarse en estos terrenos centros escolares o sanitarios, residencias de ancianos o discapacitados, servicios de protección civil y bomberos, centros penitenciarios, gasolineras, estaciones eléctricas ni granjas.

Con el mismo objetivo de "garantizar la seguridad de las personas y bienes", también se pretende vetar la instalación de zonas de acampada, invernaderos, así como depuradoras y e infraestructuras lineales que discurran en paralelo al cauce, aunque en estos dos últimos casos se harían excepciones "si se comprueba que no existe una ubicación alternativa", que también se aplicarían a los servicios públicos esenciales citados.

En todo caso, el solicitante de la autorización para levantar cualquier inmueble o instalación deberá aportar una declaración jurada "en la que exprese claramente que conoce y asume el riesgo existente en la nueva edificación y las medidas de protección civil aplicables".

Los municipios afectados por el cambio en la normativa aclaran que en ningún caso se oponen a que se regulen estas situaciones, pero rechazan frontalmente que todas las nuevas construcciones de viviendas y las destinadas a usos comerciales, ganaderos o industriales deban situarse a una cota superior a la que se vería afectada por una avenida con un periodo de retorno de 500 años, un escenario extremo que se asocia a las zonas con una probabilidad baja o excepcional de sufrir una inundación.

"Me parece muy bien que se regulen las edificaciones en las zonas próximas al río, sobre todo las de viviendas o carreteras para evitar que vuelva a pasar como en la última riada, pero no que se utilice como criterio el periodo de retorno de 500 años", comenta el alcalde de Pradilla, Luis Eduardo Moncín. "Es una barbaridad, se pasa de nada a todo", critica.

También los sindicatos agrarios han mostrado sus reparos. Fernando Luna, portavoz de Asaja Aragón, considera que "se debe consensuar el tema de las zonas inundables, porque no se puede sacar una norma de espaldas al territorio. Y el presidente de UAGA, José Manuel Penella, advierte de que cualquier actuación en las infraestructuras de riego, por ejemplo, "requerirá más burocracia".

Por su parte, César Trillo, presidente de la Federación de Regantes del Ebro, que ha presentado alegaciones a este borrador, adelanta que tras las reuniones que ha mantenido el Ministerio con representantes de las distintas cuentas integradas en la Federación Nacional, "habrá modificaciones" porque Madrid "ha cedido bastante", aunque no concreta en qué aspectos, a la espera de cerrar un acuerdo.

Por su parte, la DGA asegura que "no ha habido consultas, ni contactos con el Gobierno central por este asunto ni ha abierto cauces de negociación ni colaboración".

Fuentes del Ministerio aclaran que las modificaciones del reglamento relativas a inundaciones "no se deben a las últimas riadas del Ebro", sino que persiguen "hacer una normativa común a todas las cuencas".