Ninguna de las 43 pedanías que se reparten por todo el territorio aragonés desaparecerá después de que todas y cada una de ellas hayan cumplido los plazos marcados por la Ley para la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que sostiene que todas aquellas que no rindieran las cuentas de 2013 antes del fin del pasado año serían directamente disueltas.

Según el informe público del Tribunal de Cuentas fueron ocho las entidades locales menores que al cierre del curso no habían presentado las liquidaciones. Sin embargo, éstas denuncian un error informático en la aplicación, que retrasó el procedimiento, un extremo que desde el ministerio de Hacienda ni se confirma ni se desmiente.

"A pesar de todas las dificultades, de los plazos y las prisas de Hacienda y de los pocos que somos para sacar esto adelante, nosotros presentamos las cuentas en fecha y forma", explica Javier Arbués, alcalde de Fuencalderas, pedanía de Biel, en la comarca de las Cinco Villas.

En concreto, la liquidación del presupuesto del ejercicio de 2013 de Fuencalderas fue remitido a Hacienda el pasado 30 de diciembre, según consta en el resguardo de entrega del propio Ministerio. A pesar de ello, las cuentas siguen apareciendo como no entregadas en el portal de rendición de cuentas de Hacienda.

Desde la Asociación de Entidades Locales Menores de Aragón se apunta hacia un fallo de la aplicación informática del Ministerio de Hacienda, que habría complicado el proceso a cientos de pedanías de todo el territorio nacional (especialmente en Castilla y León, donde éste nivel administrativo es muy común).

Las otras siete pedanías aragonesas (Abi, Antenza, El Temple, Esposa, San Martín de Veri, Sinués y Torrelisa, todas ellas en la provincia de Huesca) han cumplido también con el trámite y mantendrán la autonomía que hasta ahora ostentaban.

No generan deuda pública

Estas organizaciones territoriales, dependientes de otros ayuntamientos, tienen capacidad jurídica e ingresos propios en función de la población y sus responsables no perciben remuneración alguna. No tienen capacidad de endeudarse.

En el caso de Larués, dependiente del Ayuntamiento de Bailo, cuenta con un presupuesto anual de unos 50.000 euros con los que se satisfacen las necesidades de sus 72 vecinos. "Con esa cantidad se sostiene la población, se mantiene el consultorio médico, el local social, el parque infantil, el alumbrado...", enumera la alcaldesa, Raquel Alamán, quien subraya la importancia del "trabajo voluntario" de los vecinos.