El consejero de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transporte del Gobierno de Aragón, Rafael Fernández de Alarcón, ha manifestado que "en pocos días" saldrá una convocatoria con 200.000 euros para ayudas destinadas a la rehabilitación de vivienda aislada con el objetivo de colaborar con el medio rural, en concreto, con los pequeños municipios donde hay "bastantes" inmuebles de este tipo.

En respuesta a una interpelación parlamentaria formulada en el pleno de las Cortes autonómicas por el diputado de CHA, Gregorio Briz, Fernández de Alarcón ha indicado que hay seis ayuntamientos que han manifestado su interés en continuar con las Áreas de Rehabilitación Integral (ARI) y tienen de plazo hasta el próximo lunes para formular sus peticiones.

Además, "en pocos días saldrán las ayudas a la rehabilitación para los años 2015 y 2016", financiadas con 12 millones de euros, y también está previsto sacar las ayudas a informes de evaluación de edificios y "en enero o principios de febrero" se publicarán las de regeneración urbana.

Por lo que se refiere al programa de gestión social de la vivienda, ha asegurado que cuando concluya esta legislatura se habrán destinado y ejecutado 47 millones de euros, para apuntar que la Comunidad autónoma tiene un "patrimonio escaso de viviendas sociales" y por eso "vamos incrementado poco a poco el número".

En relación con los desahucios, ha precisado que el convenio suscrito con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) "está funcionando" y "hay muchos que solucionamos discretamente".

El diputado de CHA, Gregorio Briz, ha criticado el actual plan aragonés de la vivienda porque supone una política "contraria a los intereses sociales en los tiempos en que vivimos". Además, ante el retraso de su firma con el Gobierno central, que lo financia, ha pedido al consejero que "haga lo posible por ejecutarlo" al máximo.

Respecto al plan de gestión social de la vivienda, que depende de la Comunidad autónoma, también ha detectado carencias, con "ayudas insuficientes", escasa vivienda pública y falta de acción para "erradicar viviendas insalubres", entre otras cosas, para sostener que el convenio con el CGPJ sobre los desahucios "no ha dado el resultado deseado".