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Aragón

Las comarcas concedieron el 92% de sus subvenciones sin informe de valoración

La Cámara de Cuentas censura que la mayoría de las ayudas, 15 de los 18 millones repartidos en el año 2011, se otorgaran de forma directa.
Destaca que dos de cada tres expedientes presentan distintas anomalías a la hora de justificar el gasto del dinero

J. Alonso/R. Goyeneche 26/09/2014 a las 06:00
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Casi la práctica totalidad de las subvenciones otorgadas por las comarcas de Aragón, el 92%, carecen de un informe de valoración técnica de las solicitudes y, en el caso de tenerlo, no se motiva suficientemente ni la concesión ni la desestimación de las solicitudes. Así lo asegura la Cámara de Cuentas de Aragón en su último informe de fiscalización, dedicado por primera vez a la gestión de las comarcas y que recoge todo tipo de incidencias en la tramitación y concesión de las ayudas, que representan junto a las transferencias uno de cada cinco euros de sus presupuestos.

Además, en el 76% de los expedientes analizados no consta que la Intervención llegara a controlar los acuerdos de concesión, un porcentaje aún menor de los casos en los que se ha detectado que ni siquiera conste el objeto de la subvención, sus beneficiarios, la cuantía, su compatibilidad con otras ayudas, el plazo y la forma de justificación del beneficiario. 

La supervisión de las 32 comarcas se circunscribe al ejercicio de 2011, en el que repartieron más de 18 millones de euros en subvenciones. La inmensa mayoría de ellas se dieron de forma directa, ya que solo en el 16,15% de los expedientes analizados (que suman 2,95 millones) hubo concurrencia competitiva. Este es uno de los aspectos más criticados por el órgano fiscalizador, que en sus recomendaciones recuerda que la concesión directa es un "procedimiento extraordinario" al que se debe recurrir de forma restrictiva. "No garantiza el cumplimiento de los principios de concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación", apunta.

La Cámara de Cuentas incide en que solo una de las comarcas, la del Aranda, resolvió más de la mitad del importe de las subvenciones por concurrencia competitiva. Además, es la única que cuenta con un plan estratégico, tal y como exige la normativa. En el caso contrario están las de Bajo Aragón-Caspe, Cinca Medio, Campo de Cariñena, La Litera, La Ribagorza, Los Monegros y  Tarazona y el Moncayo: todas las ayudas se dieron a dedo. 

Se da la circunstancia, destacada en el informe oficial, de que las subvenciones de mayor cuantía se concedieron de forma directa. En total, se otorgaron 5.736, pero solo 66 (que representan el 1,15%) sumaron el 42,54% del importe total al superar en cada uno de los casos los 50.000 euros. Y la Cámara de Cuentas advierte de que no resulta acreditada "la singularidad de los beneficiarios y el importe de las correspondientes subvenciones" pese a que la concesión directa debería ser algo "excepcional".

Los beneficiarios

La mayoría de las ayudas, el 64,59%fueron a parar a entidades locales y más concretamente, a los ayuntamientos, con el objetivo de financiar los servicios sociales y la recogida, eliminación y tratamiento de residuos. Por porcentaje le siguen las familias e instituciones sin ánimo de lucro, que concentraron otro 18%, lo que representa 4,8 millones.

Para colmo, en uno de cada tres expedientes se han encontrado "deficiencias" a la hora de justificar el destino del dinero. Entre otras, enumera la falta de presentación de facturas "u otros documentos de valor probatorio equivalente por el importe total", el hecho de que los justificantes no correspondan con el periodo de la subvención o que no se acredite el pago de los gastos. Incluso hay casos más extremos: las comarcas de Bajo Cinca, La Litera, La Ribagorza y Matarraña desembolsaron cuatro subvenciones sin  ni siquiera presentar el beneficiario una cuenta justificativa. Yen otros dos casos se presentaron los justificantes fuera de plazo sin la correspondiente sanción.

La falta de un control efectivo e independiente por parte de la Intervención es otro de los reparos que la Cámara de Cuentas recoge en su informe. De hecho, subraya que solo en 3 de las 32 comarcas  (Ribera Baja del Ebro, Sobrarbe y Tarazona y el Moncayo) "la Intervención realizó la función interventora", reflejando alguna salvedad en los expedientes relativos a contratación y subvenciones.

Falta de control interno 

El órgano fiscalizador añade que en casi un tercio de las comarcas, en 13 de las 32, ni siquiera controlaron los interventores en ninguno de los expedientes analizados. "En el resto de comarcas se ha detectado la falta de fiscalización previa de varios acuerdos con contenido económico", explica antes de detallar que en 12 de los 21 contratos no hubo control previo a la adjudicación y que en 41 de los 55 expedientes de subvenciones tampoco hubo fiscalización anterior a su concesión.

Además de esta falta de control interno, la Cámara de Cuentas pone de manifiesto que los presidentes y consejos comarcales adoptaron 96 acuerdos "en contra de los reparos formulados por la Intervención". Eso sí, aclara que en su mayoría corresponden al reconocimiento de las obligaciones de gasto "por no haber seguido la tramitación legal o reglamentariamente establecida".

Según los cálculos del órgano fiscalizador, las comarcas también aprobaron gastos incumpliendo la normativa por un importe que asciende a más de medio millón de euros.

No todo el informe es un compendio de recriminaciones a estos organismos supramunicipales. De hecho, señala que "solo" tres comarcas (Bajo Aragón, La Jacetania y La Litera) gastaron dinero sin la debida consignación presupuestaria, la denominada cuenta 413, la de acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto. El importe total ascendía a 42.000 euros al cierre de 2011, aunque recuerda que solo un año antes ascendía a 10.000 euros.

También destaca su cumplimiento de los plazos de pago. Así, señala que 14 de las 32 comarcas cumplieron "en líneas generales" un promedio de 50 días para abonar sus cuentas, tal y como se estableció en el ejercicio 2011 para las administraciones públicas.

En total, hicieron frente a 34.656 facturas que sumaban 45,3 millones de euros en un periodo medio de pago de 64 días. Por comparación, el Ayuntamiento de Zaragoza pagaba a 192 días en ese mismo ejercicio.  
 







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