Desde finales de abril de 2013 casi 500 inmigrantes sin papeles a los que se les retiró la tarjeta sanitaria han conseguido acogerse al Programa de Protección Social de la Salud Pública para poder recibir asistencia médica (no solo a través de Urgencias). Eso sí, deben cargar con el 100% del coste de los medicamentos.

El 31 de agosto de 2012, el Real Decreto Ley 16/2012 dejó sin tarjeta sanitaria a miles de extranjeros en Aragón. El Departamento de Salud de la DGA calcula que 15.000. El Instituto Aragonés de Estadística alza esa cifra hasta los 31.000.

Ocho meses después se puso en marcha, como contrapunto, un programa que permite el acceso a la sanidad a los inmigrantes sin papeles más desfavorecidos: aquellos que procedan de un país sin convenio de reciprocidad con España y que tengan unos ingresos anuales inferiores al IPREM, es decir, que cobren menos de 532 euros mensuales. Eso sí, deben cargar con el 100% de los costes de sus medicamentos, lo que a un diabético le puede suponer entre 100 y 300 euros al mes.

500 de 31.000

Desde abril, este 'Programa Aragonés de Protección Social de la Salud Pública' ha recibido 540 solicitudes y ha dado de alta a 499 personas. Para Médicos del Mundo Aragón, ONG que ha visto como se duplicaban sus pacientes desde la retirada de las tarjetas sanitarias, esta cifra demuestra los "complicados trámites burocráticos" que deben superar los inmigrantes para acceder al Programa y la "poca publicidad" del mismo.

Marcos Díez-Cornell, médico del hospital Miguel Servet de Zaragoza y voluntario de esta asociación, opina que a una persona sola, sin el respaldo de un trabajador social, le es "casi imposible" darse de alta en el Programa: "Los que lo han conseguido ha sido a través de alguna ONG que les ha tutelado en todo el proceso".

Miles de personas en el vacío

La gran preocupación de la Plataforma por la Salud Universal es el vacío en el que han quedado los miles de inmigrantes sin derecho a acceder al Programa de Protección Social por proceder de un país 'conveniado' con España.

Rumanos, marroquís, tunecinos o brasileños son algunas de las nacionalidades que más difícil tienen conseguir el derecho a la asistencia sanitaria. Sus países tienen un convenio de reciprocidad que a la hora de la verdad supone casi un impedimento. Para poder ir al médico en España estos inmigrantes deben conseguir un documento de su país que certifique que 'no procede la exportación del derecho'. María Jesús Viñales, coordinadora autonómica de Médicos del Mundo, explica que solo es posible conseguir este certificado si se tiene familia en el país de origen y destaca las dificultades que interponen Rumanía, Marruecos y especialmente Brasil. Lo que agrava el problema, porque Viñales calcula que "de las miles de personas que se quedaron sin tarjeta sanitaria, 6.000 eran rumanas y 2.000 marroquís".

Una vez conseguido este documento, tienen derecho a la atención sanitaria, pero también ellos deben cargar con el 100% del precio de los medicamentos. También los enfermos crónicos. Luis Andrés Gimeno, médico de familia del centro de salud de San Pablo, aseguraba hace unos días a Heraldo.es que son "muchos" los casos de enfermos crónicos que han dejado de medicarse por no poder asumir los costes.

ONG saturadas

El consejero aragonés de Sanidad, Ricardo Oliván, aseguraba en noviembre que "no se ha dejado de atender a nadie" y pedía que si se opinaba lo contrario, se aportasen "nombres, apellidos y centros". Desde Médicos del Mundo califican estas afirmaciones de "mentira sistemática" y aseguran que los enfermos crónicos están quedando desatendidos. La prueba de ello es que la demanda de atención sanitaria en las ONG ha aumentado de forma drástica y la asociación ha tenido que aumentar los días de consulta y dar cita a los pacientes con un mes de antelación.