Los beneficiarios del IAI tendrán que pasar un control mensual

Los beneficiarios del Ingreso Aragonés de Inserción (IAI) tendrán que pasar un control mensual para verificar que siguen cumpliendo los requisitos para percibir esta prestación, que mantendrá su asignación mínima de 441 euros mensuales y máxima de 621,26.

Esa es una de las novedades previstas en la propuesta de modificación de la ley que regula esta prestación y que este martes se presentará en el Consejo de Gobierno para su toma en consideración con el objetivo de que esté aprobada en las Cortes aproximadamente en octubre, según ha explicado el consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia, Ricardo Oliván.

El objetivo de la modificación de la ley del IAI, de 1993, es adaptar esta prestación de atención a necesidades básicas a las circunstancias sociales actuales, ya que nació para atender a personas en riesgo de exclusión social y ahora, con la crisis, es necesario dar cobertura a personas excluidas laboralmente, de forma que se abrirá un doble itinerario de inserción, social y laboral.

Con la modificación, que también persigue equipar la prestación a la de otras comunidades autónomas, subirá la horquilla de edad para percibirla, de 18 a 25 años y hasta los 65.

No obstante, podrán recibir el IAI fuera de esa franja de edad los menores de 25 que tenga a su cargo menores o discapacitados, que procedan de instituciones de tutela o sean huérfanos de padre o madre, así como las mujeres víctimas de violencia de género; y los mayores de 65 que no perciban pensión no contributiva.

Además, se incrementará el periodo mínimo exigido de empadronamiento y de residencia legal en Aragón para percibir el IAI, que pasará de un año a dos, un requisito que no será de aplicación a las mujeres víctimas de violencia de género, a quienes hayan sido objeto de acogimiento familiar o procedan de instituciones de protección de menores.

Reducir listas de espera

En cuanto al control, que se tendrá que desarrollar a través de un reglamento que se está elaborando ya, su objetivo es comprobar que los requisitos que llevaron a la administración a otorgar esa prestación se siguen cumpliendo, sobre todo pensando, ha remarcado Oliván, en las personas que están a la espera de percibirla.

El consejero ha indicado que con ese control será más difícil que haya beneficiarios del IAI que lo perciban sin cumplir requisitos como residir en Aragón o incluso habiendo encontrado trabajo.

El IAI se concede por un periodo de un año y podrá renovarse por sucesivos periodos anuales hasta un máximo de tres atendiendo al mantenimiento de las causas que motivaron su concesión y, en casos de extrema necesidad, se podrán otorgar renovaciones anuales más allá del límite fijado.

Incompatibilidades

La percepción de la prestación se extinguirá por traslado de domicilio fuera de la comunidad, por disfrutar de un beneficio similar en otra comunidad, por falsear la declaración de ingresos o incumplir las obligaciones previstas, por rechazar una oferta de empleo o por obtener recursos iguales o superiores en su cuantía a los que puedan corresponder a la unidad familiar en función de la prestación del IAI.

Oliván ha insistido en la necesidad de modificar el IAI dadas las actuales circunstancias socioeconómicas de la Comunidad y en la apuesta clara del Gobierno de Aragón con una prestación que ha incrementado su dotación en el presupuesto, de 6,5 millones en 2011 a 21 este año, que se elevarán a 25 con la aportación de 4 millones procedentes del Plan Impulso.

Ha explicado que en Aragón perciben el IAI alrededor de 3.400 personas -con datos de mayo-, que unas mil no lo cobran a pesar de tener derecho y que con esos cuatro millones esperan incorporar a la prestación entre 1.700 y 1.800 beneficiarios.

En cuanto a los periodos de tramitación, ha indicado que en principio el máximo es de tres meses, si bien ha distinguido entre los solicitantes y las personas que tienen derecho a percibir el IAI y ha insistido en que se deben cumplir los criterios y presentar la documentación y en ocasiones se hace con errores.

El por qué de la actualización

El consejero de Sanidad ha expuesto que, aunque en un principio esta prestación nació para atender a personas en claro riesgo de exclusión y como recurso orientado a cubrir sus necesidades básicas mientras recorrían un proyecto de inclusión, en los últimos años "se ha visto desvirtuada por la aparición de nuevos perceptores que acceden a ella no por encontrarse en una situación estricta de exclusión, sino porque han perdido su empleo y agotado las prestaciones y subsidios".

"Estas personas lo que en realidad demandan es la reinserción laboral no un plan de inserción como se concibe tradicionalmente" ha justificado Oliván. Para el consejero existe un alto número de solicitantes del IAI que lo que necesitan es cubrir sus necesidades básicas y la de su familia mientras buscan trabajo.

Dos caminos de inserción

Para el consejero, una de las novedades esenciales de esta Ley es regular dos caminos de inserción distintos: la inclusión social y la laboral. El Gobierno de Aragón pretende con este giro que el IAI priorice a los solicitantes que tengan cargas familiares. Con la modificación se consigue, según Oliván, dar cobertura a todos los colectivos que social y laboralmente presenten riesgo de exclusión, un mayor seguimiento y control de las prestaciones durante todo el periodo de percepción y diferenciar dos itinerarios: "Para las personas socialmente excluidas y para quienes por falta de trabajo puede verse en riesgo de exclusión a corto y medio plazo", ha especificado.

Según ha expuesto el consejero la modificación de la Ley pretende también asegurar la protección social a determinados colectivos en situación de precariedad social, prevenir la aparición de nuevas bolsas de pobreza y marginación, fomentar la iniciativa social apoyando proyectos innovadores en esta materia, consolidar la red de entidades que desarrollan acciones que favorecen la inclusión social, definir nuevas metodologías de trabajo con colectivos excluidos o en riesgo de exclusión y mejorar los procesos administrativos -solicitud, concesión y posible renovación-. Asimismo, persigue impulsar la coordinación interadministrativa en políticas contra la exclusión social.

"Con la modificación del IAI se incrementa la capacidad de respuesta a la realidad socioeconómica actual e incrementa el control y supervisión para garantizar su correcta aplicación. El objetivo no es reducir el número de beneficiarios", explica la DGA en una nota de prensa.