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Las cárceles españolas y aragonesas comienzan a perder presos después de 15 años de ingresos masivos y saturaciones. En los últimos dos años, la población reclusa del país ha pasado de 77.000 personas a 70.800. Y todo ello en medio de un proceso de inauguraciones de centros penitenciarios, como los de Murcia, Mahón (Baleares) o Navarra.

Sin embargo, los funcionarios de prisiones y sindicatos confían en que esta reducción de trabajo no conlleve cambios significativos en sus labores, y esperan que el Ministerio del Interior no opte por la fusión de centros para racionalizar el servicio.

“Aún no es suficiente. La población reclusa debería bajar a este ritmo durante varios meses para que sobraran centros o trabajadores”, asegura José Claudio Gistás, responsable de área del sindicato CSIF. A su juicio, la renovación de personal es insuficiente. “En la convocatoria del año pasado solo salieron 60 plazas, y para este y el siguiente ya nos han confirmado que no habrá ninguna”, lamenta.

Sin embargo, el colectivo de trabajadores no se fía, y reconocen el temor a posibles movimientos por parte del Ministerio. “Teniendo en cuenta que las nuevas cárceles funcionan a medio gas, es lógico pensar que caiga alguna de las más antiguas”, reconoce un funcionario del centro penitenciario de Zuera.

En cualquier caso, Gistás no ve factible algún movimiento de ese tipo en la comunidad aragonesa, en relación con la cárcel de Daroca. “Se está terminando estas semanas una importante rehabilitación del centro, no sería lógico”, informa.

Instituciones penitenciarias controla ocho instalaciones en tierras aragonesas. Se trata de tres centros penitenciarios (Daroca, Teruel y Zuera), dos Centros de Inserción Social o CIS (el de 'Las trece rosas' en Zaragoza y el 'Rafael Salillas' en Huesca) y tres Servicios de Gestión de Penas y Medidas Alternativas (situados en las tres capitales de provincia).

Vigilancia privada en el exterior

El Gobierno central contratará seguridad privada para los exteriores de las prisiones españolas. Hasta la fecha, las labores de vigilancia en el perímetro de los recintos penitenciarios correspondía a la Guardia Civil y a la Policía Nacional. Sin embargo, el PP aprobó recientemente en el Congreso este cambio y ya negocia con varias empresas para cubrir este servicio.

En un primer momento, el Ministerio del Interior sondeó la posibilidad de introducir esta seguridad privada en el interior de las cárceles. Pero el rechazo frontal de los funcionarios y algunos impedimentos legales de la propuesta terminaron por enterrarla.