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Cuando quedan menos de seis meses de plazo para que las granjas de cerdas reproductoras se adapten a la normativa europea de bienestar animal, que obligará a los ganaderos porcinos a realizar importantes reformas antes de que acabe el año, solo una de cada ocho explotaciones aragonesas ha hecho los deberes.

De las 804 granjas de este tipo que hay en la Comunidad, solo el 13% (101) están adaptadas a las exigencias de la Unión Europea, mientras que 602 explotaciones deberán acometer las obras necesarias antes del próximo enero o cerrar sus puertas. Aunque la directiva lleva vigente en España casi 10 años -a través del Real Decreto 1135/2002-, la mayoría de los ganaderos han aplazado hasta el último momento la adecuación de sus instalaciones, en las que ahora las cerdas vivirán en grupos y no en recintos individuales, como lo hacían hasta ahora.

De momento, un 6% de los afectados ya ha anunciado que cambiará de tipo de producción y hasta un 4% de los ganaderos ha comunicado al Gobierno autonómico que cesarán su actividad. Pero, según advierten desde el sector porcino, podrían ser muchas más las explotaciones que se vean obligadas a cerrar sus puertas a partir de enero.

Una situación preocupante para Aragón, la segunda comunidad española en producción porcina, tan solo por detrás de Cataluña. Las explotaciones aragonesas cuentan con alrededor de diez millones de cerdos de cebo y 477.000 cerdas reproductoras, lo que supone alrededor del 20% del total nacional.

Por si fuera poco, la nueva normativa podría tener consecuencias desastrosas para la Denominación de Origen Jamón de Teruel, que se nutre fundamentalmente de la producción de pequeñas explotaciones, precisamente las más afectadas por la normativa de bienestar animal. “Si no hay ayudas, muchas granjas de pequeño o medio tamaño podrían verse obligadas a cerrar, lo que pondría en peligro la denominación”, indica Fernando Guillén, director gerente del Consejo Regulador.

"El final del plazo llega en el peor momento"

La situación económica también ha afectado a los ganaderos porcinos, que ahora deben invertir importantes cantidades para mantener sus negocios. “El final del plazo llega en el peor momento, después de varios años de crisis que han debilitado el sector. Las explotaciones integradas no tendrán problemas, ya que reciben cantidades fijas independientemente del precio final del cerdo, pero muchos de los productores independientes se encuentran en una situación crítica”, advierte Miguel Ángel Blanco, responsable del sector porcino de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA), preocupado por el escaso porcentaje de granjas adaptadas.

“La mayoría de las instalaciones que cumplen con la normativa es porque se construyeron a partir de 2003, cuando entró en vigor la norma, pero casi ninguna de las antiguas han realizado las reformas”, explica Blanco. El alto coste de las mismas, que los ganaderos cifran en cantidades de entre 150 a 300 euros por animal, es la principal traba para unos productores que esperan una respuesta del Gobierno de Aragón.

Una granja pequeña, de 100 animales, podría pagar hasta 30.000 euros por mantenerse abierta, mientras que las de mayor tamaño, de más de 2.000 cerdos, necesitarían alrededor de medio millón de euros para acometer las obras. “En casi todas las comunidades se han dado subvenciones de hasta el 50% o se han dado créditos sin interés, pero nosotros todavía estamos esperando una respuesta de la DGA”, asegura el responsable de UAGA.

La DGA estudia las soluciones

Mientras la mayoría de los afectados ya han solicitado subvenciones, el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente estudia varias acciones para 'rescatar' a los dueños de las granjas. Una vez descartadas las ayudas por la línea de mejora de explotaciones del Plan de Desarrollo Rural (PDR), ya que sus fondos son limitados y los ganaderos no cumplen sus estrictos requisitos, el Gobierno autonómico baraja ahora otras opciones.

Según fuentes del Departamento de Agricultura, para la provincia de Teruel se estudia la creación de una línea de ayuda a través del FITE, que invertiría más de 7 millones de euros para subvencionar entre el 30 y el 40% de la inversión necesaria para cumplir la normativa.

Para Huesca y Zaragoza, la alternativa sería -según las citadas fuentes- la subvención de los intereses a los préstamos que necesiten los ganaderos, para lo que el Gobierno de Aragón necesitaría alrededor de 55 millones de euros que se cargarían a los presupuestos de 2013.

Sin embargo, los ganaderos mantienen que el dinero debe llegar cuanto antes, ya que muchos ni siquiera pueden adelantar el montante necesario para acometer las obras. “Vivimos una situación de incertidumbre que crece cuando la fecha límite se va acercando”, confiesa Blanco.