El consejero de Presidencia y Justicia del Gobierno aragonés, Roberto Bermúdez de Castro, ha defendido la necesidad de refinanciar a largo plazo la deuda de 88 millones de euros de Aramon y de vender parte de sus activos inmobiliarios a fin de hacer frente a los problemas de tesorería a corto plazo que afectan al grupo.

El consejero ha hecho esta afirmación en una comparecencia ante la comisión de Economía y Empleo de las Cortes de Aragón solicitada por los grupos de CHA e IU para explicar la situación financiera en la que se encuentra Aramon, la deuda que arrastra y los planes de futuro del Ejecutivo autonómico en relación al sector de la nieve.

Bermúdez de Castro ha resaltado la importancia del sector de la nieve en Aragón y la apuesta que se llevó a cabo con la creación del grupo para situar a la Comunidad a la cabeza de este negocio, con una inversión de 228 millones de euros en los últimos años para crear el mayor dominio esquiable del país.

Ha explicado, sin embargo, que las "negativas" condiciones climatológicas de la última temporada, que han provocado unas pérdidas todavía sin evaluar con precisión que podrían ascender a 22 millones de euros, y la crisis económica y del sector inmobiliario ha llevado al grupo a una situación difícil, originando una "grave crisis a corto plazo de tesorería".

Por esta razón, ha incidido en la necesidad de reestructurar la deuda del grupo, parte de la cual vence en tres años, y negociar con las entidades financieras el pago de los créditos a diez años, con dos de carencia.

Ha expresado, además, la intención del ejecutivo aragonés de completar la ampliación de capital acordada en pasadas fechas, que obligaba a los socios, gobierno e Ibercaja, a aportar 8 millones de euros cada uno.

También ha defendido la venta de activos inmobiliarios del grupo en el entorno de la estación pirenaica de Formigal, donde Aramón posee tanto suelo rústico, como de apartamentos y de una parcela hotelera.

Estas operaciones permitirían, a su juicio, resolver a corto plazo la situación de tesorería del grupo y permitiría abordar unas mínimas inversiones en las estaciones de esquí para mantener el atractivo comercial de la oferta de la nieve en el mercado nacional.

El consejero se ha mostrado partidario de continuar apoyando desde el gobierno aragonés el sector de la nieve por su carácter estratégico para la comunidad, pero ha defendido al tiempo un nuevo modelo de gestión del negocio que permita mejorar sus resultados.

A este respecto, se ha referido a la consultoría sobre Aramon realizada por Price Waterhouse, y a las medidas propuestas, algunas de las cuales ha considerado positivas, como la reducción de gastos de mantenimiento o la optimización, y otras que ha tachado de "barbaridades", como la reducción de los cánones que se pagan a los ayuntamientos.

Ha llamado la atención, sin embargo, sobre un dato recogido en la auditoría que revela que de las 790.660 entradas que se hicieron la anterior temporada en las estaciones del grupo, un total de 77.873 fueron gratuitas, vinculadas en su mayor parte a bonos dados a habitantes de los valles donde se ubican las instalaciones de la nieve.

El consejero ha considerado negativo este dato y ha reclamado un "esfuerzo" por parte de todos para sanear las cuentas del grupo y favorecer su potenciación futura en el sector de la nieve.

En respuesta a la intervención del consejero, el diputado de CHA José Luis Soro ha asegurado que la situación financiera de Aramon se debe a unas operaciones inmobiliarias "especulativas", principalmente el proyecto de desarrollo urbanístico del valle de Castanesa, en Cerler, en un momento en que se preveía el estallido de la burbuja inmobiliaria.

Soro ha expresado su preocupación por el plan de eficiencia proyectado a raíz de la auditoría realizada dadas las repercusiones que podría tener para el empleo en la zona, y ha defendido un modelo de gestión que apueste por la sostenibilidad frente a la especulación.

El portavoz de IU, Luis Ángel Romero, ha insistido en estos mismos argumentos al afirmar que la deuda financiera del grupo se deriva de un proyecto "fallido" que hizo primar las operaciones especulativas sobre inversiones sostenibles, y ha reclamado la paralización de los proyectos urbanísticos y un replanteamiento del modelo de gestión de la sociedad.

Por su parte, el diputado del PSOE Florencio García Madrigal ha defendido el modelo de Aramon pero ha criticado la "falta de dirección" que afectó al grupo debido a la incompatibilidad del consejero de Economía, Francisco Bono, para abordar cuestiones referidas a la sociedad como expresidente de la misma, y a las "incertidumbres" de la presidenta de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, respecto a su financiación.

Los portavoces del PAR, Antonio Ruspira, y del PP, Yolanda Vallés, han destacado, en respuesta a las críticas de los grupos de CHA e IU, que a través del grupo se han invertido en los últimos años 228 millones de euros que han repercutido directamente en la economía de las zonas donde se ubican las estaciones invernales.