En el año 2018, el Gobierno de Aragón rubricó su compromiso con los ODS que establece la Agenda 2030 de la ONU. Desde entonces han pasado cinco años en los que se han llevado a cabo multitud de actuaciones en ámbitos clave del territorio que le han permitido crecer notablemente.

La apuesta por la sostenibilidad –económica, social y ambiental– ha permitido conjugar estabilidad política con oportunidades empresariales y prosperidad social. Asimismo, el refuerzo de los servicios públicos, unido a la reactivación económica y la creación de empleo a través de sectores estratégicos pujantes en la Comunidad, arroja datos que muestran que la economía aragonesa es, respecto a la media española, más competitiva y más productiva, con mayor PIB per cápita, con mayor diversificación, mayor capacidad exportadora, menor tasa de paro y perfiles más cualificados. De hecho, Aragón ha sido la primera Comunidad Autónoma que ha superado los niveles de PIB de 2019, tal y como refleja el último informe del Instituto Nacional de Estadística.

Además, las políticas desarrolladas durante estas últimas crisis, alineadas con los ODS a nivel europeo nacional y regional, han servido para mitigar los efectos de la desigualdad. Comparados con otras crisis y modelos, en Aragón se ha conseguido amortiguar el golpe y recuperar mejor. El crecimiento en la actividad, el empleo y en la inversión va de la mano de la cohesión social y de la mejora del cuidado del medioambiente y el entorno. No en vano, los aragoneses son los españoles que valoran más positivamente la gestión realizada por su Gobierno –tal y como ha reflejado el CIS– y el territorio se valora como uno de los mejores lugares para vivir.

Cabe destacar igualmente que las políticas de inversiones y reformas en las que el Ejecutivo trabaja desde 2015 se han visto reforzadas por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y se están validando con éxito, como contrapunto a las políticas que se llevaron a cabo en las crisis de hace más de una década.

Asimismo, los ejes de transformación social, verde y digital salen reforzados por la apuesta de todos los estados miembros de la Unión Europea por lanzar el Next Generation Europe para paliar los daños de la crisis y acelerar la transformación. A día de hoy, Aragón ha recibido 1.607 millones de euros de los fondos Next Generation, 708 de los cuales son gestionados por el Ejecutivo autonómico. "En total, han resultado beneficiarios en la Comunidad más de 7.100 proyectos, de los que más de 6.000 son empresas y autónomos y más de 700 entidades locales y organismos públicos. Cifras que demuestran de forma clara que los fondos están llegando a todo el territorio a través de las convocatorias. La autonomía es la quinta del país en porcentaje de cuantías convocadas sobre lo recibido (39%), muestra de que está gestionando estas acciones a buen ritmo", explica Fermín Serrano, comisionado para la Agenda 2030 del Gobierno de Aragón.

Energía

Uno de los aspectos en los que Aragón ocupa un lugar destacado en el país en lo que tiene que ver con la sostenibilidad son las renovables. En este sentido, y tal y como anunció recientemente el presidente Javier Lambán, la Comunidad se ha propuesto desarrollar una política energética propia, cuyos objetivos son promover las nuevas formas de consumo y autoconsumo que favorecen un menor precio de la energía generada y consumida localmente y asegurar la sostenibilidad del modelo.

Se trata de favorecer formas de consumo y autoconsumo complementarias de la red que permitan abaratar la factura eléctrica a ciudadanos y empresas. El objetivo es ser un agente activo en la planificación del desarrollo y la mejora de las redes de transporte y distribución para que la capacidad de transporte de energía se corresponda de forma equilibrada con una capacidad de suministro que permita el desarrollo ordenado, evitando además que la capacidad de suministro actúe como límite para potenciales inversores en la región.

La política propia contempla también un fondo aragonés de solidaridad energética, con el que se pretende incorporar medidas de inversión compensatorias a los territorios que, aun beneficiándose de la construcción y operación de las plantas de producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, soportan también las cargas territoriales, paisajísticas y ambientales que estas generan. Dicho fondo se nutriría de los ingresos obtenidos del futuro y ya anunciado tributo ambiental que gravará el impacto paisajístico de estas plantas.

Asimismo, se prevé una revisión de la normativa territorial, urbanística y de inversiones de interés autonómico para fomentar y priorizar proyectos o actuaciones que incorporen, como un elemento más de servicio, instalaciones de producción distribuida asociadas y vinculadas a los proyectos o actuaciones correspondientes.

Una iniciativa, en suma, que consolida el camino sostenible por el que el Gobierno lleva ocho años apostando y que supone un hito en España, pues ninguna Comunidad ha afrontado la definición de políticas energéticas propias del modo que propone el Ejecutivo de Lambán, en el actual marco de renovación del modelo energético impulsado por las nuevas formas de generación y consumo de energía.