Beltrán acusa a Azcón de crear "ciudadanos de segunda" por no acudir a la bilateral

El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, ha cargado este viernes contra el presidente de la Comunidad, Jorge Azcón, por su decisión de no participar en la comisión bilateral convocada por el Ministerio de Política Territorial para abordar la derogación de la ley de Memoria Democrática, aprobada por PP y Vox. A su juicio, el líder del Ejecutivo autonómico "no actúa por el interés de todos los ciudadanos", sino "exclusivamente" a los de su socio en el Pignatelli.

"Azcón está creando ciudadanos de segunda", ha advertido Beltrán, parafraseando uno de los argumentos más repetidos por el líder del PP frente a los pactos de Pedro Sánchez con sus socios independentistas. “Un presidente autonómico que se niega a hablar con el Gobierno de España no actúa por el interés de todos los ciudadanos, sino que sirve exclusivamente a los intereses de su socio de gobierno", ha denunciado.

Beltrán reacciona así a la comunicación oficial remitida ayer por la DGA al Ministerio, en la que rechaza participar en la comisión bilateral prevista para resolver conflictos de competencias entre ambas administraciones. Según el Ejecutivo autonómico, la polémica derogación de la norma fue "constitucional", por lo que ve motivos para establecer una negociación que, auguran, no sería satisfactoria para ninguna de las partes.

"Nos relega a ser ciudadanos de segunda porque la Ley de Memoria Democrática no perjudicaba a ningún aragonés, pero su derogación, sí", ha respondido el delegado del Gobierno, para quien "Azcón está creando ciudadanos de segunda”.

Y añade: “La comisión bilateral se rige por una norma de funcionamiento firmada por ambas partes y establece la obligación de reunirse cuando lo solicita una de las partes. El Gobierno hay que ejercerlo con seriedad, señor presidente”.

La principal consecuencia de la negativa de la DGA a participar en el encuentro bilateral será la interposición de un recurso, por parte del Gobierno central, ante el Tribunal Constitucional. Para ello cuenta de plazo hasta final de mes. Antes se solicitará informe al Consejo de Estado y se ratificará la decisión en el Consejo de Ministros.