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El traslado de Franco cierra el ciclo abierto en 2007 con la Ley de Memoria Histórica

La climatología determinará si se sacan los restos del Valle de los Caídos en helicóptero o en coche fúnebre

Preparativos de la exhumación de Franco.
Preparativos de la exhumación de Franco.
Fernando Villar/EFE

La exhumación de Franco cerrará este jueves un ciclo que comenzó con la aprobación en el Congreso de la Ley de Memoria Histórica el 27 de diciembre de 2007. Esta norma, en su artículo 16.3, establece que «en el Valle de los Caídos solo podrán yacer los restos mortales de personas fallecidas a consecuencia de la Guerra Civil». El dictador fallecido en el hospital de la Paz 36 años después de la contienda era, por tanto, un intruso.

Pero Franco siguió en su tumba de la basílica. «Llegué hasta donde pude llegar», confesaría años después el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. El líder socialista creó en los estertores de su mandato una comisión de expertos que elaboró un documentado informe entregado el 29 de noviembre de 2011, apenas tres semanas antes de las elecciones que ganó Mariano Rajoy. El estudio aconsejó el traslado de los restos del dictador. El Gobieno del PP, sin embargo, no movió un dedo ni invirtió un euro para poner en práctica la ley ni para exhumar a Franco.

Hubo que esperar al 11 de mayo de 2017 para que el Congreso aprobara una proposición no de ley impulsada por el PSOE, con la abstención del PP y Esquerra, para que el Gobierno retomara la norma y sacara los restos del dictador. El Gobierno se negó a tramitar la iniciativa. Hasta que el 18 de junio de 2018, Pedro Sánchez, tras ganar la moción de censura que desalojó a Rajoy de la Moncloa, anunció su decisión de trasladar a Franco. El resto es la historia conocida de las marchas y contramarchas, la oposición de la familia, y la batalla en los tribunales. Lo que iba a ser un procedimiento rápido que se iba a solventar el mismo verano de 2018, solo ahora verá su corolario. «Es una gran victoria de la dignidad, la memoria, la justicia y la reparación y, por tanto, de la democracia», según Pedro Sánchez.

El Gobierno lo tiene todo listo. Una de las incógnitas que faltaba por aclararse, la identidad del segundo nieto de Franco que estará en la carpa de la exhumación, se despejó, será Merry Martínez Bordiú la que acompañe a Cristóbal.

Solo falta un detalle el del transporte, un aspecto vital para la seguridad de la operación. En la Moncloa miraban al cielo preocupados por la lluvia y la bruma instalados en Madrid. La niebla impedía ver desde la abadía la cruz de 150 metros de alto. Si el jueves el día es como el de hoy, el helicóptero no podrá volar y el traslado hasta el cementerio de Mingorrubio tendrá que hacerse por carretera, 55 kilómetros, mientra que si es por el aire son 34 kilómetros, diez o quince minutos de vuelo. Las previsiones meteorológicas juegan a favor del helicóptero.

La seguridad es una de las obsesiones del Gobierno, y esa preocupación le ha llevado a prohibir por «el riesgo de desórdenes públicos» la concentración convocada por la Fundación Francisco Franco para «orar y depositar flores» en el cementerio de Mingorrubio cuando llegara, poco después del mediodía, la momia para la reinhumación. La fundación recurrió ayer ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid la decisión de la Delegación del Gobierno. «El motivo de la concentración es rezar», alegó en su escrito.

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Quejas de última hora

También el prior benedictino de la abadía presentó una queja de última hora. Santiago Cantera, contumaz opositor a la exhumación, se quejó ayer por carta al Papa, al abad de Solesmes, localidad francesa de la que depende la del Valle de los Caídos, al presidente de la Conferencia Episcopal y al arzobispo de Madrid de que el Gobierno no ha respetado la inviolabilidad del templo en los trabajos preparativos del traslado. El monje también presentó el lunes una denuncia ante el juez contra la Guardia Civil por «acceso inconsentido» a la basílica. Los agentes entraron para preparar el dispositivo de seguridad interno y para vigilar que nadie entre en el recinto, incluidos los religiosos.

Hasta los marmolistas han supuesto un problema. Los hermanos Juan Carlos y Lorenzo Verdugo, propietarios de la empresa que se encargará de levantar la losa, tienen protección de la Guardia Civil tras las amenazas que han recibido en las redes sociales y en las pintadas en su taller de la localidad conquense de Villamayor de Santiago. «Profanadores», «Viva Franco», se leía en las pintadas y en los mensajes en internet.

Pero son contratiempos menores que no van a frenar a poco más de dos semanas para las elecciones generales una exhumación que comenzará a las 10:30 y que es el proyecto más cargado de simbolismo del Gobierno socialista

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