Sobre la regulación: ¿qué se puede asumir y qué coste tiene para Aragón?

Bajo el título ‘Regulación de centros de datos en España, la excepción’, se ponía fin a la jornada celebrada en las instalaciones de HERALDO y, a su vez, se abordaba la cuestión más importante de la actualidad del sector y, probablemente, más determinante a la hora de perfilar su futuro.

Para tratar este asunto, fue Eva Valle, consejera de Economía del Gobierno de Aragón, la que dirigió la conversación con dos expertos en la materia: Pedro Machín, presidente del Clúster de Energía de Aragón (Clenar), e Ignacio Grangel, socio en EY Abogados. La representante del Ejecutivo autonómico comenzó recordando que, según el real decreto, las instalaciones de centros de datos de potencia superior a un megavatio (MW) deberían cubrir al menos el 80 % de su consumo con energías renovables adicionales hora a hora.

Fue clara al preguntar si con esta medida "estamos yendo a un modelo sostenible o estamos frenando el modelo". Para argumentar la respuesta, quiso analizar con los contertulios cuáles eran los condicionantes que tenía la norma estatal para la industria, en qué posición se situaba España frente a otras regulaciones en el ámbito europeo y cuál era el impacto real del decreto.

Viabilidad

Ignacio Grangel, socio en EY Abogados, aludió a las limitaciones que el real decreto ponía sobre el terreno y afirmó la "imposibilidad" de cumplir con la adicionalidad energética que pide el decreto "por la dificultad de cumplir en plazo los trámites e hitos aplicables a las instalaciones renovables y al permiso de conexión a la red de los centros de datos".

También, según explicó, por el sobredimensionamiento de las instalaciones de suministro de electricidad renovable: "Por cada megavatio de consumo del centro de datos, debe haber 14,2 megavatios de nueva potencia de generación eólica y fotovoltaica y almacenamiento. De modo que para los 3,5 gigavatios (3.500 megavatios) de demanda para los centros de datos previstos a 2030, serían necesarios 26,8 GW solares, 8,8 GW eólicos y 14,2 GW de baterías, elevando el coste de suministro de los centros de datos hasta 133 €/MWh, frente a los 55 €/MWh del precio del mercado".

Machín, por su parte, compartió que las alegaciones presentadas por Clenar al proyecto del real decreto reflejan un amplio consenso entre generadores y consumidores de energía. "Cuando una exigencia no se puede cumplir, deja de ser una exigencia y se convierte en una barrera", advirtió, en referencia a las dificultades técnicas, económicas y administrativas que plantea la nueva regulación. El presidente de Clenar defendió que "los centros de datos representan una oportunidad estratégica para el sector renovable español, al aportar una nueva demanda eléctrica, elevada y estable, que puede contribuir a aprovechar los excedentes de generación, mejorar la rentabilidad de las instalaciones renovables y facilitar nuevas inversiones".

Sobre cómo queda España en la foto de Europa, Ignacio Grangel remitió al caso irlandés. Desde EY Abogados se advierte que exigir simultáneamente una estricta correlación horaria y la generación in situ de renovables puede disparar los costes de la electricidad. Por otro lado, Grangel señaló que en Alemania establecen un requisito de cobertura renovable del 100 %, "pero con una progresividad hasta 2027". Por último, mencionó a Portugal, con el que España comparte mercado y no cuenta con requisitos de cobertura renovable ni correlación horaria para la instalación de estas infraestructuras. No dudó en afirmar que "Portugal no solo se llevará una parte los centros de datos, sino la energía renovable producida aquí".

Machín destacó que la Unión Europea ha desarrollado un sistema común de evaluación y clasificación de la sostenibilidad de los centros de datos, que permite comparar su eficiencia energética e hídrica y contextualizar los resultados según sus características y condiciones climáticas. Frente a este enfoque, criticó que el proyecto español "pretenda imponer requisitos obligatorios mucho más restrictivos, especialmente en materia de cobertura renovable horaria y adicionalidad".

Consecuencias

Ignacio Grangel, de EY, llamó la atención sobre que este real decreto "obvia la Ley del Sector Eléctrico y sus normas reglamentarias", que no contemplan los nuevos motivos de extinción de los permisos de acceso a la red para demanda que, además, se pueden producir por motivos ajenos a la normativa eléctrica, según ha advertido la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. En este sentido afirmó que "la libertad de acceso y conexión a la red ha sido la piedra angular de la liberalización del sistema energético". El socio de EY quiso dejar claro cuáles serían, a su juicio, las implicaciones de la nueva normativa: "Debe clarificarse la diferente regulación entre las redes de transporte y distribución eléctricas. Si se exigen requisitos de adicionalidad y correlación horaria sin poder utilizar garantías de origen, se van a dejar de hacer instalaciones y se va a perder la demanda de los centros de datos. Además, parece razonable proteger la soberanía digital en Europa".

Machín reclamó "un cambio en el modelo de planificación y desarrollo de las redes eléctricas para aprovechar la ventaja competitiva de Aragón en generación renovable". Señaló que existen industrias que encuentran dificultades para obtener la potencia necesaria para crecer o electrificar sus procesos y defendió que la planificación debe reservar capacidad para ese crecimiento sin enfrentar a la industria tradicional con los grandes centros de datos. "No hay que contraponer centros de datos e industria. En todo caso, estamos ante un problema de planificación y reserva de capacidad", concluyó.

Conclusión

La consejera de Economía del Gobierno de Aragón, Eva Valle, se encargó de cerrar la jornada, subrayando que los centros de datos representan una oportunidad estratégica para Aragón: "Probablemente, por primera vez en nuestra historia reciente, tenemos la posibilidad de incorporarnos desde el principio y con ventajas propias a la cuarta revolución tecnológica. –Y continuó– Son una infraestructura básica de la economía del siglo XXI, como lo fueron las carreteras, el ferrocarril o las telecomunicaciones". La oportunidad, en palabras de la representante autonómica, es "que los centros de datos actúen como tractores de una economía más tecnológica, más diversificada y más productiva".

Igualmente, mostró su "profunda preocupación" por el proyecto de real decreto planteado por el Gobierno de España para regular estas inversiones: "Lo que hace es excluir a los centros de datos del sistema eléctrico". Y añadió: "La respuesta no puede ser limitar la demanda para adaptarla a una red insuficiente. La respuesta tiene que ser invertir en la red, aumentar su capacidad y permitir que generación y demanda puedan encontrarse".

Han dicho

"La respuesta no puede ser limitar artificialmente la demanda para adaptarla a una red insuficiente. La respuesta tiene que ser invertir en la red, aumentar su capacidad y permitir que generación y demanda puedan encontrarse. Y no estamos hablando solo de centros de datos".

"Los centros de datos representan una oportunidad estratégica para el sector renovable español, al aportar una nueva demanda eléctrica, elevada y estable, que puede contribuir a aprovechar los excedentes de generación, mejorar la rentabilidad de las instalaciones renovables y facilitar nuevas inversiones".

"La libertad de acceso y conexión a la red ha sido la la piedra angular de la liberalización del sistema energético". "Debe clarificarse la diferente regulación entre las redes de transporte y distribución eléctricas. Si se exigen requisitos de adicionalidad y correlación horaria se va a perder la demanda de los centros de datos".