Más de 50 familias quieren aclarar si sus niños fueron robados

Será difícil que Pedro Villasol, administrador del cementerio de Torrero, olvide el escándalo de los niños robados en pleno siglo XXI. Las oficinas municipales situadas en la entrada antigua del camposanto se han tenido que adaptar a las peticiones de más de 50 familias zaragozanas en las últimas semanas para comprobar si sus hijos fueron enterrados o no. Niños robados o no.

«Facilitamos los libros a todos los matrimonios para que puedan comprobar si aparecen sus hijos o no. Los ayudamos porque hay que buscar varios archivos. Después de lo último que se publicó en HERALDO y del documental 'Niños robados en Aragón' en Aragón TV, llegaban de tres en tres parejas cada día. En los últimos días se han rebajado las visitas a una diaria», contabiliza Pedro Villasol. «A algunos los hemos encontrado en los libros, pero muchos no han aparecido. No llevamos la cuenta».

El resultado es diverso y de momento hay una docena denuncias interpuestas en la Fiscalía de Zaragoza, dos en Huesca y una en Teruel. Pero el cementerio solo es la primera estación de muchas búsquedas que se han abierto en las familias aragonesas con dudas sobre la muerte de sus hijos desde los años 40 a los 90.

El Registro Civil es el segundo punto visitado por los buscadores particulares que reclaman las partidas de nacimiento y los legajos de este documento. Algunos han encontrado allí su doble identidad, la biológica y la adoptiva. Así le ocurrió a Laura Torralba, quien descubrió a su madre a los 38 años y supo después que, en contra de su voluntad, fue vendida a los adoptantes por 65.000 pesetas en la Maternidad provincial.

Las facilidades que reciben los matrimonios en las oficinas municipales de Torrero se tornan en dificultades en los archivos de los hospitales públicos y las clínicas privadas, unos 'agujeros negros' a los que no se permite el acceso. Hay bastantes más colaboración en el archivo de la Diputación Provincial con las prevenciones que exige la asesoría jurídica.

La protección de datos rige a raja tabla y la oficina de Atención al Cliente no puede asumir que la identidad de un hijo adoptado no suele coincidir casi nunca con la de la madre natural que dio a luz.

El Ministerio de Justicia explicó a este diario que la reunión celebrada hace una semana con Antonio Barroso, el presidente de la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (Anadir), pretendía colaborar para que «no existan más obstáculos que los que se derivan de la ley de protección de datos para salvaguardar derechos». Reconoció que existen «diferencias entre los hospitales de las distintas comunidades autónomas a la hora de facilitar documentación (en unas se entregan determinados documentos que en otras se deniegan e incluso hay diferencias dentro de una misma comunidad)». Justicia se brindó a hacer gestiones con el Ministerio de Sanidad y el de Igualdad, incluso con las Comunidades Autónomas.

El fiscal Ángel Sánchez, asesor del ministro de Justicia, Francisco Caamaño, también se comprometió con Antonio Barroso para que, en el caso de Archivos y Registros cuya gestión depende de ellos, «desapareciera cualquier dificultad distinta de aquellas que impone la ley para la protección de derechos».

Los archivos de las parroquias, la iglesia del Hospital Provincial y el Arzobispado son otro obstáculo para los adoptados que buscan a su madre biológica. Los libros recogen algunas identidades de padres desconocidos que no se facilitan. El Archivo municipal de Zaragoza conserva los justificantes de pago de la tasa de los entierros, lo que sirve para comparar con los datos del cementerio, el registro más accesible.