Juzgado un jubilado acusado de abusos sexuales

La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Zaragoza juzgó ayer a A. G. M., de 71 años, como presunto autor de un delito continuado contra la libertad sexual de una menor discapacitada. La vista se celebró a puerta cerrada para proteger la intimidad de la víctima. La fiscalía, que pidió para él una pena de 15 años de prisión, considera que el procesado consiguió aprovecharse de la joven con amenazas de muerte. El ministerio recogió en su escrito de acusación que el acusado llegó a decir a la menor que le cortaría el cuello o avisaría a su padre si no accedía a sus pretensiones.

Según la acusación del ministerio público, los abusos se estuvieron repitiendo a lo largo de los años 2007 y 2008. Durante este tiempo, el hombre utilizó su vehículo para llevarse a la víctima a una caseta ubicada en una finca de su propiedad. Una vez allí la sometía a tocamientos y abusaba de ella sexualmente.

La acusación particular, ejercida por la letrada Pilar Rodrigo en nombre de la familia de la chica, pide otros 15 años de cárcel para el acusado. En su opinión, el jubilado conocía perfectamente que la chica padece una minusvalía psíquica del 54%. En cuanto a la responsabilidad civil, mientras la fiscalía solicitó 12.000 euros, los familiares elevan la suma a 36.000.

La defensa, que corre a cargo del abogado Ángel Castán, niega que se produjera ningún tipo de abuso y mantiene que este proceso se inició por el comentario que un vecino hizo al padre de la menor, a quien dijo que había visto a su hija subirse al coche de A. G. M. y que no era la primera vez. El letrado justifica este hecho alegando que a la chica le gustaba la compañía de A. G. C. y que en ocasiones puntuales, lo acompañaba al terreno donde desarrollaba labores hortícolas porque le encantaban las flores. En su opinión, la menor ha dicho cosas que alguien le ha obligado a decir. Entre sus argumentos de defensa, asegura también que es imposible que su cliente pudiera abusar de la menor, puesto que sufría de impotencia desde el año 2003. Para corroborarlo, citó a declarar tanto a la mujer del procesado como a su médico de cabecera.