Gimeno oculta los nombres de las facturas que pagará el ICO

El Ayuntamiento de Zaragoza ha decidido no hacer públicos los nombres de las empresas que se beneficiarán de la línea del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para reducir la deuda con los proveedores de las entidades locales. Además, pese al volumen de facturas que se van a saldar (más de 6.500 facturas con un valor total superior a los 54 millones de euros), tampoco se hará pública la justificación de los gastos que se van a sufragar. Esta circunstancia provocó ayer duras críticas del PP al gobierno municipal del PSOE, que esgrimió la ley de protección de datos para establecer esta limitación.

El vicealcalde y concejal de Economía, Fernando Gimeno, dijo que la decisión ha sido suya y que está motivada en la necesidad de proteger las bases de datos municipales. «Me creo mucho lo de la protección de datos y no voy a facilitar listados informáticos», afirmó Gimeno. El expediente con el listado se debatirá mañana en la comisión de Economía.

La línea ICO para pagar a proveedores se aprobó por Real Decreto el pasado 1 de julio y permite saldar las facturas pendientes con fecha anterior al 30 de abril, fundamentalmente de autónomos y pequeñas y medianas empresas. Este crédito se debe amortizar en 3 anualidades y en el caso de que el Ayuntamiento no cumpliera sus obligaciones, la cantidad adeudada se retendría de las transferencias procedentes del Estado. El importe máximo no puede superar el 25% del importe anual de las entregas a cuenta que hace el Estado al consistorio, por lo que Zaragoza puede solicitar hasta 54,8 millones.

La relación de facturas incluidas en el expediente es voluminosa. Los únicos datos que se incluyen son la fecha de emisión, el número, su importe y el NIF del proveedor. La más antigua es del 27 de diciembre de 2007, aunque la mayor parte de los recibos se corresponden con los años 2010 y 2011. Las facturas van desde los 4 euros hasta 1,97 millones.

En ningún caso se explican las justificaciones de los gastos, ni siquiera en el caso de los más cuantiosos. Tampoco se da el nombre de ninguna empresa, más allá del NIF. En el listado, 49,6 millones de euros corresponden con gastos del Ayuntamiento, mientras que 1,9 afectan a los organismos autónomos y sociedades. El real decreto obliga a incluir los intereses de la operación de crédito, que el Ayuntamiento de momento ha estimado en el 5% a la espera de confirmación del ICO.

«Información insuficiente»

Gimeno subrayó que el expediente se ha compuesto siguiendo las indicaciones del real decreto y que cuenta con el visto bueno del servicio de contabilidad municipal, así como del interventor. No obstante, el concejal del PP Jorge Azcón indicó que la información facilitada es «absolutamente insuficiente». «No podemos saber ni a quién está pagando el Ayuntamiento, ni por qué, ni cuánto, dado que no se indica si se paga la totalidad de la factura o solo parte», afirmó.

Azcón subrayó que los concejales tienen acceso «a la documentación íntegra» de los expedientes que componen el orden del día. «En algunos casos, en el listado no se facilita ni el número de la factura», afirmó. «No sabemos por qué se elige a unas empresas y no a otras, si hay más facturas... Se trata de un expediente de más de 50 millones de euros con facturas desde el año 2007 y con una incidencia sobre el empleo», declaró Azcón.

Gimeno replicó que el PP «puede verificar lo que quiera» y se mostró dispuesto a que consulte las facturas «pero sin sacar copias». Explicó que él no hace las listas ni tiene acceso a las bases de datos. «La ley me obliga a utilizar los datos de una forma determinada», consideró Gimeno, que dijo que la documentación completa se facilitará al ICO, así como la entidad financiera que tendrá que hacer los pagos.