El funcionario de Correos en busca y captura devuelve in extremis los 12.500 euros que robó

Un tribunal popular tenía que haber juzgado la semana pasada a Antonio L. C., un funcionario de correos para el que la fiscalía pedía cuatro años de cárcel por quedarse casi 12.500 euros procedentes de la venta de sellos. Sin embargo, el acusado no se presentó a la vista y el magistrado-presidente del Jurado tuvo que pedir a la Policía Nacional que fuera a buscarlo a su domicilio. Los agentes llamaron a su puerta, pero nadie respondió, lo que obligó a suspender el juicio y pedir a las 27 personas convocadas para constituir el jurado que se marcharan a casa.

La Audiencia de Zaragoza dictó una orden de busca y captura para tratar de localizar al funcionario. Pero ese mandamiento ha quedado ya sin efecto, porque la abogada del prófugo ha informado de su paradero y ha depositado en una cuenta el dinero que se reclamaba a su cliente. Según ha podido saber este periódico, el cartero está ingresado en un hospital de la capital aragonesa, donde se recupera de las lesiones que el mismo se provocó.

Parece que cuando la Policía se presentó la semana pasada en la vivienda del funcionario, él estaba dentro. Sin embargo, no abrió. Cuando los agentes se marcharon, superado posiblemente por las circunstancias, el hombre decidió autolesionarse. Fueron sus amigos quienes se lo encontraron después malherido y dieron la voz de alarma.

Intentan evitar el juicio

Mientras se espera que el acusado mejore, la defensa ha empezado a hacer gestiones para intentar evitar que el juicio se celebre. Tras informar del paradero de su cliente y hacer efectivos los 12.500 euros que se le exigían para reparar el daño, esta parte intenta ahora llegar a un acuerdo con la fiscalía. Si lo consigue, no será necesario volver a convocar a los candidatos a jurado, a los que ya hubo que indemnizar la semana pasada. Por cada jornada de juicio, cada uno de los integrantes del tribunal popular recibe 67 euros en concepto de dietas.

El empleado estaba destinado en la oficina principal de Correos de Zaragoza y tenía a su cargo uno de los almacenes en los que se guardan los sellos. Según el fiscal y el letrado del Estado, entre el 1 de enero y el 28 de mayo de 2009, el inculpado efectuó diversas ventas de material filatélico a particulares y empresas. Después, simuló la devolución total y parcial de los sellos con el propósito de apropiarse del dinero en efectivo correspondiente a las supuestas devoluciones.

Posteriormente, el acusado anulaba las facturas emitidas como venta y, al acabar la jornada laboral, descontaba esa cantidad del resultado final. El problema era que realmente nadie devolvía los sellos.