Dos sentencias del Juzgado de lo Contencioso número 4 dictadas ayer sobre las revisiones de precios de FCC podrían suponer un importante ahorro para las arcas municipales. Los fallos obligan a la empresa responsable de limpieza viaria a corregir a la baja las revisiones de precios de los años 2009, 2010 y 2011, excluyendo de sus pretensiones económicas el montante derivado de la variación por mano de obra y la aplicación de las toneladas recogidas en 2009 y 2010. El Ayuntamiento estima que de este modo podría ahorrarse entre un 40% y un 70% de las cuantías exigidas por FCC, que reclamaba 9 millones –sin incluir intereses de demora– por los citados ejercicios.

Las sentencias son parcialmente favorables a los intereses municipales (el recurso lo presentó el anterior gobierno, con Gimeno al frente de Economía y García Mercadal en los servicios jurídicos) y corroboran la misma tesis que se ha dado en recientes fallos judiciales como en la revisión de precios de Tuzsa. El alcalde Pedro Santisteve aseguró ayer en el pleno municipal que su asesoría jurídica estudiará un posible recurso con la intención de que el desembolso de las arcas públicas sea aún menor.

En su argumentación, prácticamente similar en los dos casos, la juez considera que "la revisión de precios que pretende el recurrente (FCC) no es conforme a Derecho por incluir dos conceptos que debieran quedar excluidos: la variación de la mano de obra (que ahora deberá concretar la concesionaria en una nueva revisión de precios) y la aplicación del cálculo del precio revisado de las toneladas de residuos. En este último caso, por ejemplo, en 2010 excluyendo el montante de las toneladas recogidas, la revisión ascendería a 1,83 millones y se incrementaría hasta 3,16 millones si se incorporase ese concepto.

El pliego indica que, si no se recoge un límite de toneladas determinado puede haber una rebaja, según informaron fuentes del área de Economía. No obstante, el mayor ahorro con arreglo a las peores previsiones que manejaba el Ayuntamiento hasta hace pocos días se deberá a la exclusión del pago de la mano de obra, que aún habrá que cuantificar.

El origen del conflicto

El contrato se adjudicó a FCC el 13 de marzo de 2008 por un importe anual de 61.385.168 euros luego modificado a la baja. Esta adjudicación se firmó el 25 de abril de 2008, y los servicios comenzaron a prestarse el 1 de junio. En ese momento acababa de entrar en vigor, en abril de 2008, una nueva Ley de Contratos del Sector Público "que introduce una mayor rigidez y solo posibilita la revisión de precios mediante la aplicación de los índices aprobados en Consejo de Ministros, excluyendo la revisión por costes de la mano de obra", según fuentes municipales.

El Consistorio no descartaba hace semanas acudir al Fondo Impulso para hacer frente a diversos reveses judiciales, si bien este tipo de sentencias le suponen un gran alivio. En esta línea de financiación podría llegar a solicitar 25 millones, aunque para acogerse al fondo tienen que cumplirse los criterios de estabilidad presupuestaria. Si finalmente el Ayuntamiento recurre, se arriesga a acumular otro pleito más en los tribunales que, de ser desfavorable, generaría sus correspondientes intereses de demora.

El precedente de Tuzsa

Hace apenas tres semanas el Tribunal Superior de Justicia de Aragón dio la razón parcialmente al Ayuntamiento en el también millonario conflicto a cuenta de la revisión de precios que le enfrentaba con otra contrata, en esta ocasión Tuzsa, anterior concesionaria del bus urbano. El fallo, aunque no hacía referencia a las consecuencias económicas inmediatas, puede suponer el ahorro de más de 30 millones para el Consistorio. El Gobierno de ZEC contaba con que este año tendría que abonar más de 45 millones a Tuzsa por todos los frentes judiciales que tiene abiertos, cifra que ahora se reduce sustancialmente.