La secretaria general de FSP-UGT en Castilla y León, Carmen Ámez, ha asegurado este jueves que la Reforma Local "está guardada en un cajón" hasta que pasen las Elecciones Europeas y ha advertido a PP y PSOE que tienen "un compromiso en Castilla y León para aminorar que no se pierda empleo público ni servicios".

Ámez ha participado en la Jornada Regional sobre la Reforma de la Administración Local, promovida por la Federación de Servicios Públicos (FSP) de Soria, para delegados, afiliados y para trabajadores en general.

La representante sindical ha asegurado que el Gobierno del PP "es el de las tres erres: recortes, reestructuración y reformas" y ha alertado de que la reforma local propuesta "conlleva la pérdida de todas las actividades cercanas a los ciudadanos, desde los servicios básicos a los más importantes como son los sociales o la sanidad, y la pérdida de empleados públicos".

En opinión de Ámez, Castilla y León es la Comunidad de España con más territorialidad, dispersión geográfica y envejecimiento, por lo que "la pérdida de servicios en los ayuntamientos va a conllevar que se deshabiten provincias como Soria y sus pueblos".

En la jornada celebrada en el Palacio de la Audiencia se ha presentado la 'Guía de la Reforma Local' que ha editado FSP-UGT en Castilla y León y que contiene 116 preguntas claves para "comprender" la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local y la modificación de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Falso ahorro 

Por su parte, la secretaria federal de Local y Administración Autonómica de FSP-UGT, Joana Mor, ha denunciado que "no es tal el ahorro de 8.000 millones de euros que el Gobierno vende en Bruselas" con la aplicación de la reforma local y ha asegurado que "no se ha buscado el consenso" con los sindicatos.

Asimismo, el alcalde de Soria, Carlos Martínez, ha participado en estas jornadas "invitado para trasladar el ejemplo práctico" del Ayuntamiento de Soria.

Martínez ha recordado que el Consistorio destina 2,8 millones de euros a servicios sociales, de los que 1,1 millones son financiados por la Junta a través del Acuerdo Marco y el resto corresponde a recursos municipales.

"Si se prohíbe la cobertura de estos servicios y la Junta no aporta estos fondos, se producirá una merma brutal de la cobertura social", ha indicado el regidor soriano.

Además, Carlos Martínez ha insistido en que el Consistorio soriano cuenta con 100 trabajadores empleados en servicios básicos y la reforma podría suponer "también una merma importante de los trabajadores públicos".