La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) no ha participado en los actos de celebración de la festividad de La Merced, que se han realizado este miércoles en las prisiones de Castilla y León, para trasladar su "absoluto rechazo al deterioro de las condiciones laborales de los funcionarios de prisiones" y denunciar el proceso de "privatización emprendido por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias". 

CSI-F exige una oferta de empleo público suficiente para solventar el, a su juicio, grave déficit estructural de las prisiones, defender la profesionalidad del colectivo y garantizar los fines constitucionales que conllevan las tareas de los funcionarios de prisiones. 

Para este año 2014, el sindicato, a través de un comunicado, critica que la oferta de empleo en prisiones es de tan sólo 70 plazas en todo el Estado, un número "ridículo que no soluciona los problemas de falta de personal, ni tan siquiera la de Castilla y León. Además, en los dos años anteriores no se ofertó ninguna plaza". 

CSI-F entiende que los empleados públicos de prisiones no tienen nada que celebrar en esta jornada tan simbólica. De hecho, el sindicato independiente, junto con otras organizaciones, ha realizado encierros en prisiones de España, entre ellas la de Topas (Salamanca). Asimismo,  en el centro de Dueñas (Palencia), donde este año sus empleados han sufrido de manera especial diversas agresiones por parte de internos, se ha llevado a cabo una concentración silenciosa al mediodía. 

El sindicato independiente reclama que se restituyan los derechos suprimidos a todos los empleados públicos y solicita, por parte de la administración penitenciaria, una defensa férrea de la dignidad, honestidad y profesionalidad del colectivo de funcionarios de prisiones que acabe con los recortes de derechos que han propiciado decisiones como la eliminación de una paga extra, la reducción de días libres, la práctica anulación del presupuesto de acción social, inspecciones nocturnas o falta de concursos.Servicio de vigilancia externa

Asimismo, CSI-F pide al Ministerio del Interior que paralice la privatización de las Instituciones Penitenciarias, como es el servicio de la vigilancia externa de los centros, y que no someta a criterios "economicistas algo tan esencial, en un Estado de Derecho, como es la privación de la libertad y la seguridad". 

CSI-F exige a la Administración que se siente en las mesas de negociación con los sindicatos, y que no actúe con imposiciones. En el tema de las agresiones a los funcionarios, CSI-F pide que los internos agresores sean trasladados a otros centros, además de evitar la concentración excesiva de presos conflictivos, para lo que se necesitan más módulos que eviten la masificación. 

En este sentido, CSI-F recuerda que las prisiones de Castilla y León, que cuentan con unas 4.500 plazas penitenciarias, están "saturadas, con una ocupación del 130% aproximadamente, algo que genera más tensiones y conflictos, para unas plantillas insuficientes". 

La saturación, denuncia, se siente de manera especial en el centro de Topas, donde están en obras dos módulos. En cuanto a la prisión que se ha construido en Soria, asegura que la falta de oferta de empleo hace imposible, de momento, cualquier posibilidad de apertura del centro.