El Tribunal Supremo ha declarado a Barclays S.A.U, entidad que compró en 2014 Caixabank, responsable civil subsidiario y deberá pagar las indemnizaciones que se impusieron a uno de sus empleados por estafar en Zaragoza miles de euros a una veintena de clientes.

En una sentencia hecha pública este viernes, el alto tribunal ha tomado en consideración el recurso de casación que siete de los 24 estafados presentaron contra un auto de la Audiencia Provincial de Zaragoza en el que no se reconocía la responsabilidad civil del banco y que condenó a 5 años de prisión al empleado, José Luis García Baquerizo, quien aceptó de conformidad la pena y se declaró insolvente.

Este trabajador, en la plantilla del banco desde 1 de febrero de 1993 hasta el 27 de diciembre de 2011, fue considerado por el tribunal zaragozano autor de un delito continuado de falsedad en documento oficial y mercantil y estafa agravada, por lo que le condenó a la citada pena de cárcel y a multa de diez meses y quince días, además de las indemnizaciones a los perjudicados.

La sentencia del Alto Tribunal tiene ahora en cuenta que el "engaño" del trabajador fue "fraguado en el ámbito de la actividad profesional" que "desempeñaba para la entidad bancaria", por lo que reconoce la responsabilidad de esta, a pesar de que el condenado utilizara documentación falsa y membrete de la entidad para cometer la estafa.

El Supremo corrige solo en este ámbito el fallo de la Audiencia de Zaragoza y mantienen el resto, los cinco años de condena y las indemnizaciones establecidas para siete recurrentes de los clientes afectados, de los que consiguió más de 500.000 euros.

Este tribunal no reconoció la responsabilidad del banco al considerar que los perjudicados no eran ajenos a la actuación bancaria, que el engaño era burdo y que debieron de sospechar por ofrecer intereses elevados el empleado, que fue director y apoderado de sendas oficinas en la capital aragonesa.

La entidad bancaria ya indemnizó a varios de los afectados pero no a otros y ahora deberá resarcir a los siete recurrentes, que en total reclaman más de 380.000 euros.