El presente: dos mundos alejados

Cuando un laboratorio descubre, desarrolla o sintetiza un nuevo producto, ya sea un fármaco, un nuevo material, etc., este es sometido a toda una batería de ensayos y pruebas. De igual manera, en los centros de investigación de ciencia, cada vez que se plantea una nueva hipótesis, se diseñan y ejecutan experimentos para confirmarla o refutarla. Tanto los ensayos como los experimentos se realizan en condiciones controladas y reproducibles. Es decir, que cualquier laboratorio que las replique bajo las mismas condiciones debe obtener idénticos resultados.

Mientras tanto, en política, cuando un grupo o partido presenta una propuesta o proyecto de ley, esta se remite al Congreso de los Diputados (o la cámara equivalente) donde los representantes de las distintas fuerzas políticas valoran, debaten y votan la conveniencia o no de su aprobación. Un proceso muchas veces condicionado por criterios, intereses y afinidades ideológicas.

En la actualidad, ciencia y política son dos mundos tan lejanos como paralelos y por ello condenados a no encontrarse nunca. Tanto en el fondo como en la forma (las cuestiones que tratan de responder y cómo lo hacen). Sin apenas puntos de encuentro más allá de algunos brotes verdes: pioneros programas que implantan la metodología científica en la toma de decisiones. Agencias y servicios como el Joint Research Centre (JRC) de la Comisión Europea, que genera conclusiones, datos y evidencias mediante una metodología científica como apoyo para los responsables de la toma de decisiones políticas. O, en nuestro país, iniciativas como Ciencia en el Parlamento, una iniciativa ciudadana e independiente que arrancó en enero de 2018 y que persigue que la ciencia y el conocimiento científico sean cada vez más importantes en la formulación de propuestas políticas.

Sin embargo, cada vez son más las voces autorizadas que abogan por la necesidad de aplicar el método científico a la toma de decisiones políticas. Para garantizar que estas sean objetivas, basadas en hechos, pruebas y evidencias. Y no en ideologías e intereses de partido, en opiniones y simpatías.

El futuro: pleno de la cámara científica

Estamos a mediados del siglo XXI. Cada propuesta de ley o iniciativa planteada por un grupo o partido político se presenta en primer lugar ante la Cámara Científica. Una suerte de consejo u órgano integrado por especialistas en ciencia y en el método científico que la someten a evaluación. Primero con estudios de laboratorio; y posteriormente con la implantación de programas o experimentos piloto a pequeña escala para validar los resultados teóricos en un marco real. Con todo ello, se genera un informe que recoge las conclusiones alcanzadas y una recomendación que finalmente debe ser sometida a votación. Si dicha votación no concuerda con la recomendación emitida, la propuesta es redirigida a dos consejos o comisiones de científicos distintas, independientes y autónomas para que una de ellas reproduzca el estudio y valide las conclusiones, mientras el otro genera un estudio alternativo para su evaluación.

Un sistema que ha repercutido en el diseño de estrategias sociales y planes de actuación más eficaces y a largo plazo, independientes de los vaivenes, trajines y cambios de gobierno. Lo que, además, conlleva una inversión mucho más controlada y efectiva. Y una estabilidad y bienestar social sin precedentes.

Eso sí, previa imposición, innegociable e inamovible, consensuada mundialmente y adoptada basándose en sentimientos y visceralidad, de que las decisiones finales, la última palabra, la tomen siempre personas. Nunca dejarlas en manos de máquinas y computadoras, demasiado objetivas para que decidan sobre el futuro de la humanidad.