El Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha confirmado la indemnización para una paciente, Sofía G.H., vecina de Zaragoza de 84 años, que quedó parapléjica por la tardanza en ser operada en mayo de 2009.

La paciente sufrió una caída en la calle que le obligó a pasar por el quirófano en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza y como consecuencia de la operación sufrió un hematoma intradural que le impedía mover las piernas, según informa la oficina del Defensor del Paciente en una nota de prensa.

El hematoma presionaba la médula por la anestesia intradural que se le había realizado en la operación, siendo reintervenida a las 25 horas, aunque al finalizar esta segunda operación la paciente seguía sin poder mover las piernas, quedando parapléjica de cintura para abajo, precisando sonda para orinar, pañales y necesidad de ayuda constante de una tercera persona.

Tales circunstancias se debieron, según explica en la citada nota de prensa, a que la segunda operación debió realizarse en un plazo máximo de 12 horas, a los efectos de evitar que el hematoma intradural siguiera presionando la médula y dañándola de forma irreversible.

Antes de sufrir la caída Sofía G.H., que falleció en el transcurso del pleito hace unos seis meses según ha informado el abogado encargado de la causa, Ricardo Agoiz, caminaba sin muletas y se defendía para efectuar las labores de su casa.

El 13 de junio de 2012, el consejero de Sanidad, Ricardo Oliván, emitió una Resolución dando la razón a la paciente y estableciendo una indemnización de 101.712 euros a abonar por la Aseguradora Zúrich, compañía contratada por el Gobierno de Aragón, sin embargo, la propia Aseguradora procedió a demandar al ejecutivo autonómico por emitir la Resolución a favor de la paciente, manifestando que no había existido asistencia médica defectuosa.

La singularidad de este caso es precisamente que tras reconocer la consejería de Salud la negligencia, la Aseguradora Zúrich le interpuso una demanda a quien la había contratado, el Gobierno de Aragón, por reconocerla, según Agoiz.

Ello implicó el inicio de un proceso judicial en el TSJA, donde Zúrich demandó al Gobierno de Aragón, en una situación que la oficina de El Defensor del Paciente califica de "altamente rocambolesca", pues era el ejecutivo quien tenía que defender que, efectivamente, a la paciente se le produjo una deficiencia médica en el hospital.