La Policía ha abortado la donación por la fuerza de un trasplante de riñón de un inmigrante marroquí que iba a obtener por la operación 6.000 euros, aunque se arrepintió a última hora. El extranjero, que carecía de papeles y era extremadamente "vulnerable", se negó a culminar la tentativa, por lo que fue secuestrado y recibió golpes y amenazas de muerte. El destinatario del injerto era el hijo del jefe de una banda de serbios que se dedicaban al robo de viviendas de lujo, para lo cual se servían de menores y mujeres, a quienes compraban con la apariencia legal de acogimientos y matrimonios concertados. Los agentes detuvieron a cinco personas: cuatro serbios y un marroquí que ejerció de intermediario para captar a la víctima.

El candidato a recibir el órgano es un hombre de unos 30 años que tiene que someterse a sesiones de diálisis y que ahora, aunque se encuentra imputado, sigue en lista de espera para obtener un trasplante. Para realizar una donación en vivo es preciso que se haga por altruismo y se demuestre un vínculo de amistad o parentesco entre donante y receptor. A la vista de las numerosas sospechas que despertaba el caso, ni siquiera fue necesario que el comité de ética estudiara el asunto, y mucho menos el juez, encargado de verificar si hay coacciones o condiciones previas. El marroquí apenas hablaba español y el destinatario del riñón se presentó con una tarjeta sanitaria que no era suya, sino de su hermano.

El escaso dominio del español y las necesidades acuciantes que soportaba hicieron posible que los malhechores engañaran con facilidad al marroquí. Al principio le embaucaron con el ardid de que solo iba a donar sangre. Como el hombre se negó al final a vender su riñón, fue retenido durante unas horas, los serbios le dieron una paliza y le amenazaron con matarle si persistía en su negativa, de modo que accedió de nuevo.

El serbio que precisaba el trasplante pertenecía al 'clan de los Radosalevic', afincado en el sur de Tarragona y que era objeto de las investigaciones policiales desde 2002. Esta mafia reclutaba a mujeres menores de edad que eran casadas con miembros de la organización. Para concertar el matrimonio se pagaban 100.000 euros por cada niña en concepto de dote, aunque el único propósito del casamiento era que se dedicaran a robar en casas de lujo. Se apropiaban de joyas y dinero en efectivos, botín que luego ocultaban en zulos que al cabo de varias semanas la organización recogía cuando creía que ya había pasado el peligro. Dentro de esta operación, denominada 'Eucaliptus', fueron detenidas 53 personas implicadas en la red, que también operaban en Alemania. Aunque radicada en Tarragona, las menores compradas se desplazaban para perpetrar sus delitos a Madrid, Galicia, Baleares, Andalucía, Comunidad Valenciana, Asturias, Navarra, Murcia, La Rioja, País Vasco y Cantabria.

El hospital elegido para llevar a cabo el trasplante fue el de Bellvitge, en Hospitalet de Llobregat (Barcelona). La víctima ya había pasado por algunos estudios clínicos para comprobar si el órgano era compatible con el receptor cuando se echó atrás, por temor a no recibir lo pactado. La Organización Nacional de Trasplantes (ONT), dirigida por Rafael Matesanz, dejó que las cosas siguieran su curso para no comprometer el éxito de la operación contra la trata de personas.

El hombre que captó al marroquí para que aportara su riñón era un colaborador de la banda, de la misma nacionalidad que el donante coaccionado. El reclutador hacía de chófer para la mafia y prestaba otros servicios.

No es la primera vez que se produce en España un caso de compraventa de órganos para un trasplante. En marzo del año pasado, se conoció el caso de un potentado libanés que quiso comprar un fragmento de hígado. El millonario pretendía operarse en Barna Clinic, la parte privada del Hospital Clínico de Barcelona. El trasplante ilegal no llegó a efectuarse, aunque el paciente sí que fue intervenido gracias a que su hijo donó una porción hepática.

Se calcula que un 10% de los 100.000 trasplantes que se llevan a cabo en el mundo proceden del tráfico ilegal. España suscribió hace unos dos meses el Convenio contra el Tráfico de Órganos del Consejo de Europa. En el texto se declara que es ilegal toda extracción que no cuente con el consentimiento «libre, informado y específico del donante». También prohíbe que haya «beneficio económico» u otro tipo de ventaja.

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