El primer ministro de Australia, Tony Abbott, anunció este domingo un plan para retirar los beneficios gubernamentales a los niños cuyos padres se nieguen a que sean vacunados, informan medios locales.

Conforme a las leyes actuales, las familias objetoras por motivos personales, filosóficos o religiosos reciben unos 15.000 dólares locales (11.500 dólares estadounidenses o 10.800 euros) por niño al año de los servicios sociales, lo mismo que las familias que sí vacunan a sus niños, para sufragar el servicio de guardería y otros gastos.

No obstante, el jefe del Ejecutivo australiano afirmó que estas reglas serán "ajustadas" para reducir el número de excepciones y que se estiman entren en funcionamiento para inicios de 2016.

"Es una medida importante para mantener a nuestros hijos y familiares lo más protegidos posible", apuntó Abbott, cuya medida cuenta con el apoyo del opositor Partido Laborista, en un comunicado.

"Esencialmente, es una política de 'sin pinchazo, sin paga' desde el Gobierno", remarcó el líder australiano, según el canal ABC.

Las autoridades locales estiman que unos 39.000 niños menores de siete años no han sido vacunados por la objeción de sus padres.

El ministro de Servicios Sociales, Scott Morrison, no precisó el posible número de familias que perderían los beneficios gubernamentales, aunque reseñó que los casos serían muy pocos.

"La elección familiar de no inmunizar a los niños no es apoyada por la política pública o los estudios médicos, así estas acciones no deberían estar sostenidas por los contribuyentes en pagos por servicios sociales", señaló Morrison en el escrito conjunto.