El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, ha sugerido al Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón que lleve a cabo las gestiones oportunas para que se aplique a un paciente un tratamiento que le permita mejorar, en lo posible, su calidad de vida.

Asimismo, en una sugerencia, el Justiciazgo ha solicitado que den contestación a la reclamación presentada en mayo por este paciente y le ha recordado al departamento su obligación de colaborar con esta institución en sus investigaciones.

El 8 de julio de 2014, el Justicia recibió un escrito de queja en el que se indicaba que el 4 de diciembre de 2012 un paciente fue intervenido de una fractura de olecranon --en la parte superior del codo-- izquierdo, en el Hospital Clínico Lozano Blesa de Zaragoza. El escrito relataba que esta persona, con fecha 8 de julio de 2014, tiene una incapacidad permanente total del 55 %, junto con una minusvalía del 15 %.

"Desde el día de la operación al momento de la rehabilitación pasaron casi tres meses. Como no llamaban al paciente, fue a quejarse y en el mismo día le dieron fecha para empezar la rehabilitación" que duró dos meses "en los cuales el codo no fue tocado, sin conocerse el motivo", señalaba la queja.

Por ello, esta persona presentó una reclamación en el Hospital, al servicio de rehabilitación, con fecha 27 de marzo de 2014, explicando paso por paso lo que había sucedido. "Pasados dos meses sin tener noticias del Hospital, y estando todavía de baja el paciente y desesperado por la rigidez severa de su brazo", planteó una queja al Servicio de Atención al Paciente del centro. Sin embargo, tampoco obtuvo contestación.

"El paciente, de 50 años, no puede volver a trabajar en su profesión después de estar trabajando 35 años de su vida, con una pensión del 55 %, sin empleo y con desesperación e impotencia de pensar que si hubiera tenido una rehabilitación en condiciones no estaría en esta situación", exponía la queja presentada al Justicia.

Tres solicitudes de información al Departamento

Una vez admitido el escrito, el Justiciazgo se dirigió al Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia del Ejecutivo aragonés para recabar información, petición que reiteró en tres ocasiones sin lograr respuesta.

En su sugerencia, García Vicente ha observado que, "al no dar contestación el Departamento competente, no podemos contrastar los datos", para apuntar que, "con todas las salvedades y cautelas posibles", según ha informado el interesado esta persona tiene "una escasa movilidad y fuertes dolores en su hombro y codo", pero "no está siendo sometido a ningún tratamiento médico ni está pendiente de cita alguna, por lo que debería analizarse su caso y tratar de buscar alguna solución para tratar mejorar su calidad de vida".

El Justicia ha mencionado la Ley de 6/2002, de 15 de abril, de Salud de Aragón que establece que los principios rectores en los que se inspira son, entre otros, la consecución de una calidad permanente en los servicios y prestaciones para lograr la máxima eficacia y eficiencia en la asignación, utilización y gestión de los recursos, así como la satisfacción de los usuarios, ofreciendo una atención sanitaria adecuada a las necesidades individuales y colectivas, orientada a conseguir la recuperación, dentro de la mayor confortabilidad, del modo más rápido y con la menor lesividad posible, de las funciones biológicas, psicológicas y sociales.

Obligados a dictar resolución

Además, "a tenor de lo que se nos señala, el 20 de mayo de 2014 la Dirección General de Calidad y Atención al Usuario informó que había sido remitido al Servicio de atención al Paciente del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa la reclamación que formuló este hombre el 16 de mayo de 2014 y hasta la fecha actual no se ha obtenido respuesta alguna".

Al respecto, el Justiciazgo ha remarcado que la legislación obliga a las administraciones a dictar resolución expresa de todos los procedimientos y a notificarla, cualquiera que sea su resolución.

Por todo ello, ha recomendado al Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia que lleve a cabo las gestiones oportunas para que al paciente le sea aplicado un tratamiento que le permita mejorar, "en lo posible", su calidad de vida. También pide que se responda a la reclamación presentada por esta persona en mayo del pasado año.

Por último, ha advertido al Departamento de su obligación de colaborar con las investigaciones que realiza el Justicia y le ha solicitado que, en un plazo no superior a un mes, comunique si acepta o no la sugerencia formulada e indique, en este último supuesto, las razones en las que basa su negativa.

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