La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha recibido este miércoles notificación de una denuncia contra varios centros dedicados a la práctica de abortos, por tirar presuntamente a los contenedores de basura datos personales y sanitarios de mujeres que habían abortado, y dispondrá del plazo máximo de un año para decidir si abre procedimiento.

Según ha explicado un portavoz de la agencia, el reglamento de este organismo contempla este plazo para el periodo de anterioridad a la iniciación del procedimiento sancionador. Durante este plazo, la AEPD realizará actuaciones previas con objeto de determinar si concurren circunstancias que justifiquen tal iniciación.

"En especial, estas actuaciones se orientarán a determinar, con la mayor precisión posible, los hechos que pudieran justificar la incoación del procedimiento, identificar la persona u órgano que pudiera resultar responsable y fijar las circunstancias relevantes que pudieran concurrir en el caso", recoge el reglamento.

Una vez decida si la denuncia es objeto de un posible procedimiento, pasará a disponer de otro plazo máximo de seis meses para ejercer la potestad sancionadora si se incumple algún artículo de la Ley Orgánica de Protección de Datos.

Al tratarse de entidades privadas, la sanción conllevaría el pago de una cuantía económica.

Protección de Datos podría iniciar este procedimiento de oficio o previa denuncia, siendo este último caso el ocurrido con las clínicas abortistas. En concreto, el denunciante ha sido la Asociación Española de Abogados Cristianos quienes han interpuesto denuncia contra la Clínica Dator-Partner Line, la Clínica Ginecológica Callao, la Clínica El Bosque y la Clínica AMEC de Zaragoza.Denuncia ante la Consejería de Sanidad

Además, esta asociación ha anunciado que interpondrá también las correspondientes denuncias ante las consejerías de sanidad que tienen convenios con estos centros.

Según ha denunciado, además de las historias clínicas y la información médica relacionada con las mujeres que abortaron, se encontraron residuos sanitarios humanos e instrumentales "que tienen una normativa de tratamiento muy estricta y que presuntamente se estaba ignorando".