El Juzgado de Instrucción número 8 de Zaragoza investigará una presunta estafa en la venta de una partida de ganado procedente de una explotación ganadera de la localidad zaragozana de Pedrola en la que se incluyeron algunas reses enfermas que tuvieron que ser sacrificadas.

El Tribunal Supremo ha resuelto de esta manera un conflicto de competencias planteado por el Juzgado de Instrucción de Liria (Valencia), en el que el comprador de la partida interpuso a mediados del año pasado una denuncia por estos hechos.

La denuncia responsabilizó de presuntos delitos de estafa y de falsedad documental a los titulares de la sociedad agropecuaria de Pedrola que realizó la venta y al veterinario que otorgó los certificados sanitarios de las 21 reses adquiridas por el denunciante, domiciliado en Puzol (Valencia).

El instructor de Liria, tras practicar diversas diligencias, se inhibió a favor de los juzgados de Zaragoza al entender que en dicha zona, donde se ubica la sociedad ganadera vendedora, es donde se consumó el presunto engaño denunciado, decisión que contó con el apoyo de la fiscalía.

El titular del Juzgado de Instrucción 8 de Zaragoza, sobre el que recayó en reparto la causa, declinó la competencia al entender que el delito se cometió en ambas jurisdicciones y que la tramitación ya estaba en marcha.

En respuesta a ambos planteamientos, el Tribunal Supremo entiende que el delito más grave denunciado, una supuesta falsedad en documento oficial por parte de un funcionario como medio para cometer una estafa, se cometieron en Zaragoza, y concluye que a esta jurisdicción le corresponde por tanto su enjuiciamiento.