Si hay un desafío difícil que deben afrontar los ganaderos de porcino de la provincia de Teruel es la eliminación de los purines, los residuos sólidos y líquidos procedentes de los animales. A la ya compleja solución para este eterno problema, tradicionalmente resuelto de forma parcial a través de su uso como abono, se ha sumado los últimos años la normativa medioambiental europea que restringe la cantidad de excrementos ganaderos que se pueden verter en los campos.

Un análisis de los contenidos de nitratos en las aguas subterráneas de las áreas que soportan una mayor presión ganadera es la base que determina la declaración de zonas vulnerables, espacios en los que, según el nuevo reglamento, se permite arrojar en la actualidad un 30% menos de purines que hace unos años. "Ahora –explica el presidente de la Asociación de Ganaderos de Porcino de Teruel (Acriporte), Manuel Esteve– solo autorizan a depositar en los campos de estas zonas 170 kilos por hectárea al año". Un duro revés, si se tiene en cuenta que, precisamente, en la zonas vulnerables se concentran la mayor parte de las explotaciones ganaderas turolenses, lo que obliga al transporte de los residuos lejos de las explotaciones.

Las comarcas del Matarraña, con Peñarroya de Tastavins, Fuentespalda y Monroyo a la cabeza; el Maestrazgo, centrado en las localidades de Cantavieja, Mirambel y La Cuba; Andorra, Oliete y Ariño y en el Jiloca, Calamocha, son los territorios declarados como zonas vulnerables en la provincia de Teruel. Y son, por lo tanto, las localidades en cuyos términos municipales se ha limitado el uso de purines como abono agrícola. "En el Matarraña –afirma Esteve– tenemos un doble problema. En esta comarca se concentra el 35% de la producción porcina de la provincia, y, sin embargo, tan apenas hay tierras para verter los residuos de las explotaciones".

De momento, el traslado de los desechos a zonas autorizadas es el único recurso al que se pueden acoger los ganaderos, una medida, no obstante, que eleva considerablemente el precio de producción. "El transporte supone un coste añadido de entre 3,5 y 5 euros por metro cúbico de purín, algo inasumible para los ganaderos", asegura el presidente de Acriporte. Y añade que, aunque la Diputación_Provincial de Teruel aporta una subvención anual, en virtud de un convenio firmado entre las dos entidades, que permite abaratar precios, esta solución sigue siendo insuficiente. "Las ayudas de la Diputación nos parecen muy positivas, desde luego, pero con ellas llevar los desperdicios porcinos a otros lugares supone 2,5 euros por metro cúbico, y por debajo de 2 ya tenemos pérdidas", destaca Esteve.El motor económico

Los ganaderos se quejan de esta situación que, según dicen, no solo afecta a un sector determinado. El presidente de Acriporte sostiene que con este problema quedan perjudicadas comarcas enteras. "En el Matarraña, por ejemplo, son las explotaciones de porcino las que mantienen las escuelas y las consultas médicas abiertas", señala gráficamente Manuel Esteve, haciendo alusión a que la ganadería representa el principal motor económico en esta zona. El 35% del ganado porcino de la provincia de Teruel se concentra en esta comarca, y en torno a él, se desarrolla, además, una importante industria agroalimentaria. Solo en Valderrobres hay una cooperativa que produce 200.000 cerdos al año. La ganadería porcina es en muchos casos la única alternativa laboral, sobre todo, en aquellos territorios con escasos recursos naturales.

El encarecimiento que conlleva el transporte de los purines supone, pues, la puntilla a un sector muy dañado tras la crisis económica. Este proceso se lleva a cabo mediante cubas de 20 metros cúbicos, con las cuales se conduce los desechos orgánicos desde las granjas hasta los campos agrícolas donde se depositan como fertilizantes. En una explotación de 1.000 cerdos se extraen unos 2.000 metros cúbicos de purines al año, datos que ofrecen una idea de los numerosos desplazamientos que se deber articular para la eliminación de los residuos porcinos.

Las balsas de almacenamiento, en las que se autoriza la acumulación de purines durante cuatro meses en las proximidades de las instalaciones, alivian momentáneamente a los ganaderos de la presión que se ven obligados a asumir para eliminar los restos orgánicos generados de la producción animal.Tratamiento y biogás

Ante esta situación, los ganaderos consideran que la única solución viable es la puesta en funcionamiento de la planta de tratamiento de purines de Peñarroya de Tastavins, unas instalaciones que se construyeron hace seis años, si bien solo estuvieron en funcionamiento la mitad de este tiempo.

Manuel Esteve dice que la planta de depuración se cerró por el elevado coste que su funcionamiento ocasionaba a los ganaderos. Sin embargo, sostiene que en estos momentos la situación podría cambiar al permitir la planta de biogás, levantada en el mismo complejo, amortizar los gastos con la producción de energía para el autoconsumo.

"Esta es la solución más adecuada, ya que en la planta se invirtieron 12 millones de euros, que ahora no se pueden perder", explica el presidente de Acriporte. Indica que otra alternativa pasaría por verter los residuos en los campos de regadíos de Alcañiz, unos terrenos no incluidos dentro de las zonas vulnerables por contaminación. Esta posibilidad implicaría la habilitación de una infraestructura de recepción, valorada en 100.000 euros.