El debate sobre si es apropiado cultivar y producir alimentos genéticamente modificados ha vuelto esta pasada semana al tablero europeo y, de forma paralela, también a Aragón, Comunidad que a lo largo de la última década se ha consolidado como una de las regiones con más hectáreas sembradas de maíz transgénico de la Unión.

El Parlamento Europeo aprobó el pasado martes, tras casi cuatro años de continuos tiras y aflojas, una nueva normativa que permitirá a los Estados contrarios a estos cultivos vetar de forma unilateral que se planten transgénicos en su territorio aunque estos hayan sido aprobados antes por la Unión Europea. Un veredicto que ha sido recibido con críticas tanto para sectores favorables a su uso como por sus detractores, y que resulta especialmente relevante para el sector agrícola comunitario al romperse el quórum que hasta ahora habían mantenido los 28 países miembros en las cuestiones fundamentales de la política agraria.

Tanto las organizaciones ecologistas como algunos sindicatos agrarios han recibido los cambios en la normativa europea como “un paso más” para que España sea el único 'granero' de transgénicos en Europa. No en vano, según datos de la Comisión, España alberga hasta un 91% de los cultivos de maíz MON810, del grupo Monsanto, la única patente de las que han conseguido los permisos de la UE que se ha plantado con normalidad, aunque siempre destinando su producción a consumo animal.

Aragón, la CC. AA. con más transgénicos

En Aragón, donde este tipo de maíz ha tenido gran implantación para prevenir la plaga del taladro, que fuera especialmente dañina en el Valle del Ebro, la decisión “a medias” del Parlamento Europeo tampoco ha dejado indiferente a los agricultores, divididos en ocasiones sobre la conveniencia de seguir apostando por los transgénicos o no.

Según los datos del Ministerio -en ocasiones tildados de “inflados” por los grupos ecologistas- Aragón plantó maíz transgénico en 54.040 hectáreas de su terreno durante 2014, lo que le convierte en el mayor productor español de este cultivo (y por lo tanto de Europa) al albergar más del 40% de todos los campos de maíz transgénico del país.

“Al final parece que se ha llegado a un acuerdo intermedio que, en definitiva, hará que los países como Francia o Alemania que se oponen puedan estar libres de transgénicos, mientras que España se quedará como el mayor productor, lo que podría abrir la puerta a que se promulgue aún más su cultivo o dé entrada a nuevas variedades en un futuro”, opina Juan Carlos Simón, agricultor de maíz sin modificar genéticamente de Tauste y representante de Uaga, organización que se opone a dar prioridad al cultivo de transgénicos sobre los tradicionales.

Según explica Simón, el problema de los transgénicos “va más allá de los posibles daños ambientales o de salud que puedan acarrear”, sino que ocasiona importantes perjuicios para aquellos que quieren quedarse al margen de su cultivo. “Al estar tan extendido, cada año se producen numerosas contaminaciones de maíz no transgénico que durante su almacenamiento en cooperativas o el mismo cultivo se mezcla con el que sí que está modificado genéticamente”, señala. Una situación que Simón denuncia que está siendo ignorada tanto por el Ministerio de Agricultura como por el Gobierno aragonés, y que causa a los productores de maíz convencional -destinado, este sí, al consumo humano- que no puedan vender su producto como tal, lo que implica pérdidas, ya que, según señala “el maíz convencional se paga cada vez mejor que el transgénico”.

Por su parte, desde Asaja, otras de las organizaciones agrarias con más peso en la Comunidad, la valoración que se hace de la decisión Europea es radicalmente opuesta. “Europa está cerrando a los agricultores la posibilidad de competir de tú a tú con otros productores en un mercado que cada vez está más globalizado”, comenta Fernando Luna, presidente de Asaja-Huesca, quien recalca no obstante que “lo primero debe ser el criterio científico y sanitario, pero una vez un cultivo ha pasado los rigurosos controles europeos, el debate debe ser tomado con argumentos objetivos dando libertad a cada agricultor para elegir qué es más conveniente para su explotación y, sobre todo, que es más productivo”.

Desde el Departamento de Agricultura del Gobierno de Aragón, donde se reconoce la importancia de los transgénicos debido a su gran implantación, el criterio mantenido en los últimos años ha sido idéntico al del Ministerio, que defiende el uso de la biotecnología aplicada a la agricultura siempre y cuando se cuente con el visto bueno de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (AESA), el organismo encargado de evaluar el posible impacto de los transgénicos tanto en términos de salud como de medio ambiente.

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