Casi una década sin subida en los precios a pesar del aumento de los costes que trae la actividad. El sector avícola, y en especial las explotaciones de pollo, han iniciado en los últimos meses una cruzada para exponer a los ojos de la opinión pública la situación que atraviesa un sector clave en la dieta española. Según denuncian, la carne de pollo, la segunda más consumida tras el porcino, está siendo en los últimos meses utilizada en las grandes superficies como 'productos reclamo' para atraer al consumidor, vendiendo el kilo a unos precios que no son coherentes al gasto que tienen estas explotaciones y que, como consecuencia, han sumido al mercado en una burbuja inversa que puede llevarse por delante a miles de ganaderos en toda España.

En Aragón, donde antaño la producción de carne de ave contaba con mayor peso, en la actualidad existen 418 explotaciones según los datos del Magrama, aunque si se pregunta a los propios granjeros, la percepción es muy distinta. “Al menos unas 10 explotaciones han cerrado en los últimos años. El mantenimiento de los pollos es muy costoso: calefacción, luz, pienso... y a nosotros apenas nos han variado el precio de venta, lo que ha hecho que mucha gente que compaginaba la cría con otras actividades agrícolas haya decidido echar el cierre”, explica Miguel Turón, representante de Uaga del sector avícola.

No en vano, la Comunidad produjo el año pasado algo más de 1.500 toneladas, casi 500 menos que en 2007. “El precio lo marcan las empresas compradoras, y sobre él las granjas tienen que hacer malabares para cuadrar sus cuentas, lo que a veces hace que se reduzca la producción para así tener también menores gatos y por lo tanto, reducir riesgos”, explica Turón.

Desde la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) se denuncia que en el mercado de la carne de pollo, copado por un pequeño grupo de grandes empresas, se ha detectado que los supermercados están utilizando el pollo como gancho, “llegando a venderlo a pérdidas”, para atraer consumidores hacia otros productos, algo que para la organización supone un uso fraudulento de un producto que, además, según los datos que manejan, ha aumentado su consumo desde el inicio de la crisis en un 20%.

Según las recomendaciones del Ministerio, el kilo de pollo debería alcanzar como mínimo en el mercado un precio cercano a los 2,60 euros para asegurar la viabilidad del sector nacional, unos costes que muchas veces se transgreden en los hipermercados y que, aunque en un principio podría parecer beneficioso para el consumidor, “perjudica al pequeño comercio de toda la vida y abre la puerta a que, dentro de unos años, el pollo nacional ceda terreno al extranjero”.