Los cambios en materia fiscal que prepara el Ejecutivo para el año que viene amenazan con exceder el ámbito del bolsillo y las declaraciones de la renta para entrar hasta en el salón de cada casa, al menos de aquellas habitadas por matrimonios propietarios de explotaciones agrícolas. Así lo afirman los técnicos de la Asociación de Jóvenes Agricultores, Asaja, que esta semana han expuesto su preocupación por las propuestas que el ministerio de Cristóbal Montoro está dibujando para el sector agrario.

Si bien el anteproyecto de ley para la reforma fiscal presentado la semana pasada por el Gobierno 'salvaba' al campo de la restricción del uso del sistema de tributación por módulos que afectará a miles de autónomos aragoneses, desde la organizaciones agrarias se lamenta que el borrador de la norma sí que contemple la supresión de este modelo para aquellas explotaciones que facturen anualmente más de 200.000 euros. Una reducción de los umbrales máximos de cifra de negocio –antes se situaban en 300.000- y de compras –de 300.000 a 150.000 euros-, que no debe exceder un agricultor para saldar sus cuentas con el fisco por este sistema, más sencillo y libre de burocracia, que además podría obligar a algunas familias dedicadas al sector a tomar medidas que exceden lo económico.

Según explica Asaja, esta medida incitaría a que los miembros de una misma familia tributaran con domicilios diferentes o que incluso algunos matrimonios cambiaran su régimen económico matrimonial a la separación de bienes para que los ingresos de una explotación no computen como únicos de cara a la unidad familiar. Un galimatías tributario que, no obstante, solo es el componente curioso de la preocupación real, que es el retroceso que está viviendo el sistema de módulos en el sector agrario.

Más complicaciones y productores más pequeños

El sistema de módulos, mediante el cual el propio fisco calcula lo que se debe abonar en impuestos a través de una serie de baremos y del que hacen uso unos 19.000 agricultores aragoneses, ha sido siempre defendido por las asociaciones agrarias como el modelo más adecuado para el trabajo en el campo, debido a su simplicidad y a su capacidad para adaptar la tributación en caso de que se produzcan eventualidades climatológicas o pérdidas accidentales de la cosecha. A pesar de que la comisión de expertos que asesoró al Gobierno propuso en un primer momento la supresión completa de este régimen -al que también se le achaca mayor facilidad para acometer fraude-, la intervención del Ministerio de Agricultura facilitó que se desterrara del anteproyecto la posibilidad de sacar de este sistema a los agricultores y ganaderos. Una resolución celebrada por los representantes del sector que, no obstante, creen que pese a todo la reforma debe ser puntualizada.

"Es evidente que reducir el umbral para poder acogerse al sistema de módulos supone un retroceso en las medidas fiscales que durante años se han creado para adaptarse a las circunstancias agrarias" explica Fernando Luna, portavoz de Asaja en Aragón, que cree que ahora el caballo de batalla está en evitar que cada vez el número de beneficiarios vaya menguando más. Según explica, la erradicación de los módulos -o régimen objetivo- supondría grandes problemas para muchos productores, ya que la alternativa -el sistema de estimación directa- requiere de mayor burocracia y es más rígido para adaptarse a los posibles siniestros que pueden afectar a una explotación. "Con esto se reprime la profesionalización del sector y la creación de explotaciones potentes", valora.

No obstante, desde el sector sí que se valora positivamente que no se haya tocado el IVA, impuesto que hubiera ralentizado aún más el consumo, lastrando la compra-venta de productos.